Mujeres

Dictamen de violencia digital pone en riesgo a las mujeres, afirman organizaciones y feministas

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Proponen retomarlo en la próxima legislatura 

Elda Montiel 

SemMéxico, Cd. de México, 16 de abril 2021.- Por carecer de una definición amplia de violencia digital que integre mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño, las feministas representantes de la sociedad civil, la academia, abogadas y defensoras de derechos humanos desaprueban el dictamen de reforma a la Ley General de Acceso a las mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar la violencia digital aprobado por las Comisiones de Igualdad de Género y Justicia de la Cámara de Diputados.

 Las organizaciones y feministas que han estado en la primera línea de acompañamiento y seguimiento para la atención de las víctimas de este delito solicitan al pleno de la Cámara de Diputados que no se apruebe el dictamen y se retome en el próximo periodo legislativo para que se integren las propuestas puntuales que se hicieron en el Parlamento Abierto y consideran que esta omisión se debió a presiones de índole político que no favorecen los derechos de las mujeres. 

De acuerdo con las cifras de 2020 en tres años se han abierto 2,143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes intimas sin consentimiento. 

El 83% de las carpetas siguen en trámite ─algunas por más de tres años─ y solo el 17% de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia. 

Desde un principio, las organizaciones y feministas, advirtieron los riesgos para las mujeres víctimas de violencia digital contenidos en la reforma originalmente propuesta en noviembre de 2020.

Desde la definición sólo incluye un solo tipo de violencia digital cuando abarca varias dimensiones como el hackeo, la suplantación, la vigilancia, el acoso, el hostigamiento, el reclutamiento, prácticas denominadas como doxing stalking, y la difusión de discurso de odio sexista. 

En el espíritu de la Ley General, debía incluirse una definición que permitiera desarrollar una política pública integral para la atención y la prevención de la violencia digital, así como la garantía del pleno acceso a la justicia con la debida diligencia, la sanción y reparación del daño, señalan. 

Uno de los riesgos del dictamen aprobado por las Comisiones es que le otorga facultades desproporcionadas al Ministerio Publico, sobre violencia digital y violencia mediática.

Crea un doble tipo penal, ya que la Ley contra la Trata ya sanciona la misma conducta con una penalización mayor, por lo que se estaría beneficiando a los agresores y no a la víctima. 

El tipo penal aprobado en el dictamen no incluye salvaguardas para proteger la evidencia ni para evitar actos arbitrarios por parte de las autoridades, como la vigilancia masiva, lo que puede dar pie a remociones de contenido no relacionadas con la conducta que este tipo penal sanciona.

Las herramientas de reporte en plataformas suelen ser el primero y a veces el

único mecanismo para recuperar el control de sus contenidos, la remoción de contenido injustificada por parte de instancias gubernamentales y burocráticas podría implicar un riesgo al tratarse de procesos lentos, abusivos e ineficaces, incluso se podría estar eliminando evidencia que podría servirle a la víctima si es que decide emprender un camino por la vía legal.

En un país donde el nivel de impunidad es del 98 por ciento, el sistema penal no es idóneo para la reparación del daño a las víctimas.

El poder legislativo debe entender que la perpetración de la violencia digital no va a reducirse por el simple hecho de crear tipos penales sancionados con encarcelamiento, la solución demanda implementar acciones de prevención y educación como dimensiones para la eliminación integral del problema. 

Con ello, propician que las mujeres víctimas de violencia digital no opten por acudir a la vía penal y se queden sin mecanismos ni herramientas alternativas de reparación. 

Por lo que entre las propuestas de las organizaciones y feministas está que la violencia digital no se remitiera exclusivamente al ámbito judicial, sino que incorporara la participación de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaria de Educación Pública (SEP), tomando en cuenta que la mayor parte de los perpetradores son hombres. 

El dictamen aprobado pone en riesgo de re victimización a las mujeres víctimas de difusión de imágenes intimas sin consentimiento, puesto que alude al consentimiento como mecanismo de impunidad de los agresores, deja en ellas la carga de la prueba.

Las fallas del sistema de justicia mexicano por lo retardado, revictimizante, y los costos económicos y emocionales que representan desalienta la denuncia. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2019, solamente se denunció o inició carpeta de investigación por el 6.8% del total de delitos en el país. 

Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 31.7% y desconfianza en las autoridades con 17.4% dentro de las atribuibles a la autoridad.

Organizaciones 

33 Mujeres A.C. 

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica 

CATWLAC 

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora

Conectadas FeminicidiosMX

Instituto de Estudios Transgeneracionales

 Las Constituyentes Mx Feministas

 Laboratorio Feminista de Derechos Digitales

 Luchadoras 

Mujeres Construyendo 

Nosotras Tenemos Otros Datos

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales 

Red de Abogadas Violeta

 Red Feminista Sonorense

Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez 

Red Nacional de Alertistas

Red Seguridad Justicia y Paz 

Todas Mx 

Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz-Boca del Río

Colectiva Feminista NO SE METAN CON NUESTRAS HIJAS

Mujeres

Adriana Labardini Inzunza

Agneris Sampieri

Aimée Vega Montiel

Ana Fátima López Iturríos

Ana Irene Muro Lagunes

Anel Fernández Zempoalteca

Andrea Medina Rosas

Arely Torres Miranda

Beatriz Cossío Nava 

Brenda M. Aguirre Gutiérrez

Carina Arguiles 

Carolina Pacheco Luna 

Claudia Calvin 

Cristina Pérez Carmona 

Cynthia Galicia Mendoza 

Daniela Esquivel Domínguez 

Edurne Ochoa 

Elena Estavillo Flores 

Grecia Elizabeth Macias Llanas 

Haydeé Aurora Magallanes Montalvo

Imelda Marrufo 

Karime Suri Salvatierra

Leticia Burgos Ochoa 

Lidia Guzmán Hernández 

Lucía Lagunes Huerta 

Luisa Nallely García Ventura 

Magaly Emlilia Corona García 

María Elena Barreras Mendivil 

Mariana Aranda Aguilar 

Marlene Tamara Romero Vázquez 

Martha Teresa González Rentería

Mónica Mendoza Madrigal 

Mónica Susana Amilpas García

Ninde MolRe

Patricia Olamendi 

Patricia Ortega Ramírez 

Priscila Rebeca Salas Espinoza 

Raquel Schlosser 

Rocío García Olmedo 

Teresa Ulloa 

Verónica Moreno Curiel

Yennué Zárate Valderrama

Yndira Sandoval Sánchez 

Yuliana López 

Yuriko Salazar Luna

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