- La modificación de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010 apunta a garantizar la IVE en la sanidad pública y para todas las mujeres y ampliar los derechos sexuales y reproductivos.
Redacción
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, España, 2 de septiembre del 2022.- El Consejo de Ministros y Ministras aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El texto ha sido remitido al Congreso de los Diputados para avanzar hacia su tramitación parlamentaria con el fin de que sea aprobado definitivamente en los próximos meses.
La reforma busca garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres. En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros y Ministras Irene Montero, responsable de Igualdad, explicó que con esta Ley «removemos los obstáculos que están impidiendo el derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a decidir sobre sus propios cuerpos”. La reforma devuelve a las mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con discapacidad la posibilidad de decidir sin que sea obligatorio pedir permiso a sus tutores legales para acceder a la IVE. La reforma elimina también el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres. Como ha apuntado la ministra de Igualdad, «el estado respeta la decisión de las mujeres y no duda sobre ella”.
De esta manera, se blinda el acceso al aborto en la red sanitaria pública, “esta tiene que ser la que permita la garantía del derecho”. En ese aspecto, la ministra ha querido reconocer a las clínicas privadas que durante décadas «han sostenido la garantía del derecho de la IVE».
La Ley regulará también la objeción de conciencia, haciendo que “sea compatible con el derecho de las mujeres a la IVE”. Los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, se propone un registro de objetores: “Se creará en cada comunidad autónoma un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Pero si se declaran objetores lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.
En la reforma se incorpora una incapacidad temporal para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención. También hay la previsión de que cada centro cuente con ambos métodos para las interrupciones de los embarazos, tanto el quirúrgico como el farmacológico, para que sea la mujer la que libremente decida cuál de ellos quiere. En este sentido, se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializado en los casos de interrupción del embarazo, incorporando también, una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de embarazo, que “no restará tiempo del permiso de maternidad”.
Educación sexual
La reforma que aprobó el martes el Gobierno busca también la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, la Ley garantiza un mayor acompañamiento durante el embarazo y en la promoción de las buenas prácticas gineco-obstétricas y del parto respetado.
La ministra explicó de qué manera se refuerza especialmente la educación sexual en todos los niveles educativos. “Garantizamos el derecho a la educación sexual para conocer nuestros cuerpos, para tener relaciones sexuales y afectivas basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, para garantizar la libertad sexual, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y fomentar su corresponsabilidad, para combatir las prácticas violentas como la retirada del preservativo sin consentimiento, para prevenir las ITS y para poder hablar de la salud menstrual”.
Casi el 70 por ciento de las y los estudiantes de secundaria afirman que la educación sexual que han recibido no ha sido útil. Montero ha explicado que “la falta de educación sexual en las escuelas es un factor decisivo para provocar el aumento de las ITS que se está produciendo”. Por ello, los centros educativos de secundaria, en el marco de campañas de sensibilización y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, repartirán anticonceptivos de barrera de manera gratuita. También se dispensarán en centros penitenciarios o centros de la red de servicios sociales.
Se refuerza también la formación de los profesionales en materia de IVE y salud sexual y reproductiva, incluyendo contenidos en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas. Además, se establecen servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, contando estos con equipos interdisciplinares y servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven.
La propuesta incorpora medidas para hacer a los hombres corresponsables de la anticoncepción, dando acceso a anticonceptivos masculinos.
Salud menstrual
Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. La Ley incluye también el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes. “Se acabó ir a trabajar con dolor”, ha afirmado la ministra. “El 70 por ciento de las mujeres cree que los dolores asociados al ciclo menstrual siguen siendo estigmatizados en el entorno laboral” y ha llegado el momento de que “la regla deje de ser un tabú y de que normalicemos hablar sobre la salud menstrual”.
La Ley prevé distribuir de forma gratuita productos menstruales para personas con menos recursos, luchando así contra la pobreza menstrual, y que se dispensen en centros educativos, en organismos públicos, en centros penitenciarios o centros sociales, lo que en palabras de Montero será “una medida eficaz para combatir la pobreza menstrual”.
Explotación reproductiva
Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas.
«La ratificación del Convenio de Estambul nos obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado», entre ellas, «algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres», ha concluido la ministra.
SEM/MG
