- Consideró importante fortalecer la democracia participativa a través de las figuras de la consulta popular o la revocación de mandato.
- Es indispensable que el Poder Judicial actúe libre de presiones externas, de influencias políticas o manifestaciones o manipulaciones de cualquier tipo. Esta exigencia es parte integral del principio de separación de poderes.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 19 de octubre del 2022.- Al participar en el Congreso Internacional Democracia-Derecho-Justicia que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, refirió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, que se está en un periodo de transición del Poder Judicial a un año de aprobada la Ley Orgánica y una reforma constitucional, que aún no se consuma.
Es importante generar un Poder Judicial a la altura de las exigencias del país, que debe sacudirse de privilegios que lo hacen una casta independiente de la población, de nepotismo de jueces y magistrados, pues hay redes de corrupción, favoritismo e influencias indebidas, aseguró.
Aseveró que falta mucho por hacer, sobre todo en los nombramientos de magistrados que acaban de ocurrir porque parece que no obedecen a un órgano independiente, y lo dijo con dedicatoria a los ministros de la Corte que logran colocar a sus preferidos en órganos colegiados de sus ponencias con ataduras inconvenientes.
También señaló que no se debe otorgar tanto poder a un ministro para que designe libremente a jueces de distrito y magistrados, porque muchos magistrados con capacidad y talento no llegan a ser considerados.
El senador confió en resolver dicha situación, ya que señaló están en un proceso de revisión puntual. Sin embargo, reconoció que en el ámbito estatal hay una subordinación completa para el gobernador ahí -dijo- la independencia es un mito.
La democracia y en particular la socialdemocracia del siglo XXI, debe mirar más allá de las arenas electorales e instalarse en la vida diaria del país, como una forma de vida republicana.
Consideró importante fortalecer la democracia participativa a través de las figuras de la consulta popular o la revocación de mandato; instituciones que han sido puestas en marcha a partir de hace unos años y que han renovado la soberanía popular a favor de las mexicanas y los mexicanos.
Es inaplazable reforzar los puentes con la democracia deliberativa, de tal suerte que el diálogo con la ciudadanía sea permanente en todos los Poderes de la Unión y en especial, con los sectores más vulnerables de nuestra población, dijo.
Recordemos que los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas, así como las personas con discapacidad, tienen ya derecho a ser consultados/as de manera previa, libre e informada, sobre acciones del Estado que pueden afectar su esfera particular. En democracia debemos ser respetuosos de la diversidad.
La autonomía judicial guarda íntima relación con la existencia de un Estado de Derecho en el que tengan plena vigencia la igualdad ante la ley, la imparcialidad en su aplicación y la seguridad jurídica; así como la eliminación de la arbitrariedad en los procesos judiciales.
No debemos olvidar que la independencia judicial se expresa en dos ámbitos fundamentales: el institucional, referido a las instituciones involucradas en los procesos jurisdiccionales de impartición de justicia; y el individual o personal, que concierne a la independencia que debe garantizar a las personas juzgadoras, tanto en el ámbito estatal como en la federación.
En ambos espacios y aspectos, es indispensable que el Poder Judicial actúe libre de presiones externas, de influencias políticas o manifestaciones o manipulaciones de cualquier tipo. Esta exigencia es parte integral del principio de separación de poderes.
Todavía existe presión indebida al Poder Judicial
Muchos aquí presentes, recordarán que, durante las décadas del presidencialismo mexicano, el más duro, el más enraizado, en el dominio casi absoluto de una sola fuerza política en los Poderes de la Unión, fueron forjándose las llamadas “facultades metaconstitucionales” del Presidente de la República, que le dotaron de una fuerza, a todas luces, invasiva, que de facto le permitió usurpar funciones depositadas constitucionalmente en otros poderes, comentó.
Este modo comenzó a debilitarse hace décadas; sin embargo, debo decirlo con toda seriedad, no está del todo por escrito. Todavía existe la insinuación y existe en ocasiones la presión indebida de las y los políticos, de legisladores/as, de gobernadores/as o de otros entes al Poder Judicial.
Frente al grupo que se encarga precisamente de impartir justicia y recibir clases de derecho, el legislador consideró pertinente reflexionar sobre la independencia judicial. El marco jurídico que lo sustenta y que debe garantizar su relación con el Estado, en una aplicación estricta en la impartición de justicia.
La independencia judicial se encuentra reconocida desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; que señalan la obligación de garantizar a toda persona el derecho a ser oída por las debidas garantías, por un juez o un Tribunal independiente o imparcial; y de esa manera hacer garante o garantizar precisamente lo establecido en el artículo 17, al disponer que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
A partir de este reconocimiento internacional y constitucional, es posible hablar de la independencia judicial como un derecho humano a favor de todas las personas entendidas como la garantía frente a las posibles intromisiones y presiones indebidas, en el ejercicio de la función jurisdiccional; principalmente en lo que se refiere al derecho al debido proceso.
El período que ejercen las funciones relacionadas a su estabilidad y permanencia, la existencia de garantías contra presiones externas, incluyendo presiones presupuestarias. Que la Judicatura sea percibida como independiente e imparcial.
Por su parte, hay que considerar que, puesto que los derechos fundamentales son de todas y de todos, su garantía exige un juez imparcial o independiente, sustraído a cualquier vínculo con los poderes de la mayoría legislativa o del Ejecutivo en turno, y en condiciones de que no permitan que lleguen hasta su esfera de atribuciones cualquier presión indebida e ilegal.
Es interesante que hoy podamos hablar de modelos, de requisitos y de la independencia judicial, y el papel directo en la consolidación de la democracia.
SEM/MG
