Congreso

El Senado evaluará exhaustivamente los 32 sistemas de justicia penal y pide estandarizar los protocolos de actuación

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Examina el hecho de que 5 millones de niñas y adolescentes son violentados sexualmente en la impunidad

Anuncian cambio de prioridades y nuevas acciones desde la cámara alta, recuperar su capacidad de vigilar a los gobiernos locales

Micaela Márquez 

SemMéxico, Cd. de México, 22 de abril 2022.- Donde alrededor de cinco millones de menores de edad son violentados sexualmente en la impunidad y se registraron 277 casos de muertes violentas de niñas y adolescentes en el último año, urge tomar conciencia, formar a policías municipales, exigir a fiscalías de las 32 entidades tomar en serio una situación que es alarmante.

Esta semana la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes del Senado de la República decidió reorganizarse y dar prioridad a 3 líneas de trabajo: homologar el marco jurídico sobre la violencia contra las mujeres en las 32 entidades del país; estandarizar los protocolos de actuación y hacer una exhaustiva evaluación de todos los sistemas de justicia, anunció Gabriela López Gómez, presidenta de esa Comisión Especial.

Las senadoras examinan ahora los informes de las autoridades federales, especialmente el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se considera que es alarmante la violencia contra las mujeres, y especialmente la perpetrada contra las menores.

Y es que, dice el resumen de su última reunión del 20 de abril, donde escucharon a funcionarias federales, que desaparición, la trata con fines de explotación sexual, la violencia que viven las mujeres en sus hogares que creció 30 por ciento en 2021, plantea un cambio de estrategia.

Las senadoras, presidentas de comisiones fundamentales, como la de Martha Lucia Micher Camarena, de Igualdad “están conscientes del flagelo que vive México” y de la incapacidad para enfrentarla. Micher afirmó que a las Fiscalías no les interesan las mujeres sólo cuando están muertas y Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, quien llama a examinar cómo las denuncias por violencia de género no se atienden ni en el uno por ciento.

La Comisión Especial entrará a los asuntos de fondo, puesto que como dijo la coordinadora del Partido del Trabajo Geovanna Bañuelos de la Torre y Juan Manuel Fócil Pérez es urgente cambiar las estrategias de seguridad porque no hay efectividad en la atención de las violencias contra las mujeres -claramente evidente lo que sucede en Nuevo León- y las autoridades se reúsan a considerarlo como un problema prioritario.

La presidenta de la comisión llamó a considerar que el Senado, lugar donde está reunida la República, tiene la enorme responsabilidad para que todos los gobiernos, sin importar de qué partido político sea, cuenten con legales para actuar y responder “al urgente llamado que las niñas, adolescentes y mujeres nos están haciendo”.

Relata el resumen, guía de trabajo, el anuncio de Tania Jimena Enríquez Mier titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito de la SSPC de la reciente creación del Registro Nacional de Incidencias Delictivas en el ciber espacio, lugar donde las jóvenes y niñas son enganchadas por los delincuentes y significa el escenario de afectaciones físicas y emocionales para las niñas que son coptadas por la delincuencia que está en el negocio de la trata. Las senadoras reconocen que no se ha avanzado en este asunto y analizarán cómo este registro clasificará las incidencias, y vigilará a las Unidades de Ciber Delitos que se han instalado en las 32 entidades del país, la actuación de los  192 mil centros del 911 y las anunciadas 264 coordinaciones regionales llamadas de Paz y Seguridad, mientras se desmanteló el  Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF  y se redujo al mínimo el presupuesto para las comisiones de búsqueda de personas.

Las diversas estrategias que se despliegan en todo el territorio nacional y los 50 municipios con mayor incidencia en delitos de género, no dan resultados, según la conclusión de la Comisión especial. 

En lugar de sólo legislar, las senadoras están preocupadas por el alarmante crecimiento de los delitos de violencia contra menores de 18 años, y solicitarán al Gobierno Federal y a las instituciones de seguridad pública, informen detalladamente ¿Cómo es que la guardia nacional está actuando? Según dice la SSPC y la creciente intervención para judicializar los casos. Mientras, el Instituto Belisario Domínguez del Senado, reporta que no hay una sola sanción, por ejemplo, a los violentadores de mujeres políticas y la impunidad para los asesinatos de mujeres es de 98 por ciento.

Son hechos, dice el resumen que la pandemia mostró la realidad de violencia cotidiana que viven las mujeres y niñas al interior de sus hogares, pues durante el aislamiento social, la violencia familiar se incrementó 30 y 15 por ciento entre 2020 y 2021, como les informó la Secretaría de Seguridad. Luego de verificar un crecimiento de más de 50 por ciento acumulado en las llamadas de emergencia que tuvieron un repunte desde 2019 cuando se registraron alrededor de 197 mil llamadas; para 2020 esta cifra subió a 260 mil, es decir, 63 mil llamadas más que es un aumento del 30 por ciento, y en 2021, llegaron a casi 300 mil.

El otro punto prioritario de la Comisión es el dato de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, reportó 748 mujeres desaparecidas en los 4 meses de este año.

Seis estados con mayores casos de muertes violentas de niñas y adolescentes: Conavim

El documento para la reorganización de la Comisión, toma en cuenta el informe de Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) cuando señaló que los casos de feminicidios surgen por el abandono institucional y social de las mujeres jóvenes, que son el grupo que sufre mayor discriminación y están excluidas sistemáticamente desde hace tres décadas.

En 2021 se registraron 277 casos de muertes violentas de niñas y adolescentes, que es la cifra más baja de este delito desde 2017. 

La mitad de las muertes violentas de niñas y adolescentes, se concentran en seis estados: Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Además, puntualizó que el 7.4 por ciento de los feminicidios corresponde a mujeres menores de edad. Esta información es un mapa, y no se sabe que hacen las fiscalías, dijo la senadora Xóchitl Gálvez. 

Requieren revaluarse los sistemas de justicia penal y reformarse, Gabriela López Gómez  

La presidenta de la Comisión Especial, insistió en que los sistemas de justicia penal, en su conjunto, necesitan evaluarse exhaustivamente y reformarse, para garantizar que las mujeres que buscan justicia y protección, sean tratadas de manera adecuada y profesional. 

Por lo que dijo que los tres principales ejes que la Comisión Especial trabajará serán:

La homologación del marco jurídico de las 32 entidades federativas, para alinear todos los tipos de violencia contra las mujeres. 

Estandarizar los lineamientos y protocolos de actuación de las instituciones, a efecto de que ayuden a los gobiernos a actuar en el momento que se presente una denuncia, para que así las mujeres en situaciones violentas, se sientan con la confianza de acudir a buscar apoyo a los tribunales. 

Coadyuvar en la revisión de normas, programas y protocolos de actuación, desde una perspectiva de género, atendiendo el interés superior de la niñez, así como a su derecho a una vida libre de violencia. 

Es necesario que todos los gobiernos, en todos los niveles, junto con la policía, los centros de investigación, el personal médico y tribunales de justicia tengan la capacidad legal y la profesionalización para atender el llamado de una mujer, niña y adolescente, cuando así lo necesite. 

Sin embargo, advirtió que la legislación de nuestro país en materia penal sustantiva, en su gran mayoría, corresponde a los congresos locales, con los que es necesario trabajar, puesto que existen diferencias y discrepancias en las sanciones, las penas privativas de libertad, la pena pecuniaria y las agravantes. Además de la falta de capacitación a la policía municipal, primera respondiente.

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