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El sureste de México con la mayor desaparición de mujeres y niñas, hasta 67 ciento en Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán

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  • Impunidad absoluta rasgo de la desaparición forzada en México: Comité de Naciones Unidas
  • Carmen Roda Villa Quintana insta al gobierno a retirar a militares de las tareas de seguridad pública

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 13 de abril 2022.- La impunidad casi absoluta es el rasgo estructural de las desapariciones forzadas en México que, hasta el 26 de noviembre, de acuerdo a cifras oficiales, se habían registrado 95 mil 121 personas de las cuales solo el 6 por ciento habían sido judicializados y se habían emitido 36 sentencias.


Informó presidenta del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de Naciones Unidas, en conferencia de prensa este12 de abril en Ginebra, Suiza.


Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. “Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98 por ciento del total desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”.


Destaca el Informe que por la pandemia del Covid 19 se incrementó notablemente las desapariciones de niños, niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres.


En algunas entidades federativas, la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional, que es el 25 por ciento, porcentaje que aumenta al 67 por ciento en Campeche y más del 60 por ciento en Chiapas, Tabasco y Yucatán (en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años).


Estas desapariciones están vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias.


Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.


Delincuencia organizada y servidores públicos los perpretadores

El Comité señala como principal perpetrador de la desaparición forzada a “la delincuencia organizada con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos” contra defensoras/es de derechos humanos, buscadores de desaparecidos, periodistas, personas que son encarceladas sin notificación a sus familiares, migrantes que son abandonados sin recursos en lugares desconocidos y choferes de vehículos pesados secuestrados en las carreteras del norte del país entre otros casos.


El Comité considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, al tiempo que sufren los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones y, además, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.


El Comité mostró preocupación por la situación de las y los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. De las más de 1.500 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Defensores, el 70 por ciento son defensoras de los derechos humanos y el 15 por ciento se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas.


También mostró su preocupación por la desaparición de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre el 2003 y el 2021, ya que “ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances”.


Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.


A manera de ejemplo, una madre reportó que su hija fue desaparecida tras haber ingresado al centro de detención para visitar a su pareja; la acompañó hasta la entrada del centro y la esperó hasta la finalización de la visita, pero de allí, nunca salió. Al consultar a las autoridades carcelarias sobre el paradero de su hija, afirmaron que no tenían información sobre ella.


Las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones. Estas ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados, con diferentes niveles de involucramiento o aquiescencia de servidores públicos.


Durante la visita, el Comité recibió información sobre la desaparición de personas LGBTIQ+, principalmente a hechos ocurridos en Jalisco, Michoacán y Veracruz. Dichas desapariciones habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de “limpieza social” o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados “centros de terapias de reconversión”.


Crisis Forense; 120 años para identificar los cuerpos
El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52,000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.


Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73 por ciento de los cuerpos no identificados.


Los servicios forenses son insuficientes, y, como se desarrolla más adelante, varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.


Comité recomienda retiro inmediato de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad


Destacan las palabras de la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, cuando recomendó a México “establecer un plan de retiro ordenado e inmediato de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.


Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en el informe de los 100 días de su cuarto año de gobierno, este 12 de abril, agradeció a los titulares de las Fuerzas Armadas, las secretarias de la Defensa y Marina su colaboración en las tareas de seguridad, en desarrollo y en bienestar.


Entre las recomendaciones destacan reconocer la responsabilidad de los servidores públicos; visibilizar, informar y sensibilizar sobre desapariciones e Implementar debidamente el marco normativo.
Recomendaron necesario la implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones y que tenga como ejes transversales los estándares de debida diligencia, el enfoque diferencial y de derechos humanos


El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.


El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.


Contener acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados, por lo que deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas.


Involucrar a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes, con firme voluntad política y compromiso efectivo.


El Comité recomienda al Estado parte convocar a los organismos y comunidad internacionales para articular mecanismos de cooperación y coordinación de los múltiples proyectos promovidos para afrontar las desapariciones. El Comité considera urgente que dichos proyectos se desarrollen de forma más concertada con el fin de evitar duplicaciones y salvar las lagunas de protección existentes.


El Comité de Desapariciones Forzadas (CED) visito México del 15 al 26 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 33 de la Convención. La delegación visito13 estados, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, se reunió con cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la sociedad civil.

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