1 de marzo, Día de la Cero Discriminación
Todo el mundo es responsable de que los Estados asuman su deber
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Ginebra, 1 de marzo, 2022.- El 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, celebramos el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad, destaca ONUSIDA en la publicación Eliminemos las Leyes que Perjudican, Creemos Leyes que Empoderan.
El Día de la Cero Discriminación pretende enfatizar cómo informarse y fomentar la tolerancia, la compasión, la paz y, sobre todo, un movimiento por el cambio. El Día de la Cero Discriminación contribuye a crear un movimiento global de solidaridad con el fin de acabar con cualquier forma de discriminación.
El documento revela que en muchos países, las leyes crean diferencias en el trato entre personas, muchas quedan excluidos de los servicios básicos o sufren restricciones en su manera de vivir solamente por quiénes son, qué hacen o a quién aman. Dichas leyes son discriminatorias; restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales.
ONUSIDA señala que se puede sufrir más de una forma de discriminación. Una persona puede sufrir discriminación por su condición médica, raza, identidad de género u orientación sexual, lo cual tiene graves efectos tanto en el individuo como en el conjunto de la comunidad.
La legislación puede discriminar mediante la penalización de la conducta o la identidad. Algunas de estas son leyes sobre el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el uso o la posesión de drogas para consumo propio, o la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH.
Otras leyes pueden obstaculizar el acceso a prestaciones y servicios. Pueden prohibir que las niñas vayan al colegio si están embarazadas o que las mujeres accedan a los servicios financieros sin el consentimiento de sus maridos. Asimismo, se puede exigir el consentimiento paterno para los adolescentes que quieran acceder a los servicios sanitarios o pueden restringir la entrada, la estancia y la residencia a las personas que viven con VIH.
Por ello plantea que los Estados tienen la obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias y promulgar otras que protejan a las personas de dicha discriminación. Esto aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre los derechos humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en otros compromisos internacionales.
Algunos de los derechos que se pueden alegar para recurrir las leyes discriminatorias son los siguientes:
• El derecho a un trato igualitario ante la ley.
• El derecho a la educación.
• El derecho a las oportunidades económicas.
• El derecho a la privacidad.
• El derecho a la dignidad.
• El derecho a la salud.
• El derecho de asociación.
• El derecho a un juicio justo.
Todo el mundo es responsable de que los Estados asuman su deber, así como de promover el cambio y contribuir a eliminar las leyes discriminatorias. Los primeros pasos para lograr estos objetivos son conocer el derecho, identificar las leyes que pueden ser discriminatorias y hacerlas visibles.
En el documento que se puede consultar vía internet plantean que Cambiar las Leyes es Posible.
Por ejemplo, la igualdad de género todavía está muy lejos, aunque sabemos que el progreso es posible; tan solo hace 60 años, la mayoría de mujeres en el mundo entero no podía votar ni tener una cuenta bancaria a su nombre.
Revela que hay diferentes formas de cambiar las leyes discriminatorias:
• Procesos parlamentarios. Las leyes discriminatorias pueden ser abolidas mediante el liderazgo de los gobiernos y los votos de los parlamentarios.
• Juicios estratégicos. En muchos países, los tribunales tienen el poder de abolir leyes que suponen un impedimento para la realización de los principios de los derechos humanos consagrados en la constitución. Una persona u organización a la que afecten dichas leyes puede comenzar un juicio para conseguir la abolición de una ley.
• Consulta pública y referéndum. En algunos países, los ciudadanos pueden proponer una reforma de la ley mediante un recurso y solicitar el voto nacional o un referéndum.
El reto es acabar con la discriminación y cambiar las leyes es una responsabilidad común. Todos podemos participar en la lucha contra la discriminación y podemos marcar la diferencia en mayor o menor medida. La campaña de 2022 para el Día Internacional para la Cero Discriminación invita a las personas a actuar contra la legislación discriminatoria en sus respectivos países.
Proponen además acciones personales, de las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y parlamentarios, y para asociaciones y organizaciones donantes.
Datos sobre discriminación
Mujeres:
• Más de 50 países mantienen leyes de nacionalidad que discriminan por razón de sexo.
• Veinticinco países tienen leyes de nacionalidad que niegan a las mujeres el derecho a conferir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones con los hombres.
• Solo 10 países (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Suecia) ofrecen plena protección jurídica a las mujeres.
• En 18 países, a los maridos se les permite legalmente prohibir trabajar a sus esposas.
• Ciento cuatro países tienen leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos.
• Entre los países que tienen leyes familiares explícitamente discriminatorias por razón de sexo se encuentran Iraq y Nigeria, donde la violencia doméstica está explícitamente permitida, y Bahamas, India, Singapur y Yemen, donde la violación conyugal sigue siendo legal.
• En 39 países existen leyes que impiden que las hijas hereden la misma proporción de bienes que los hijos.
Personas que consumen drogas
• En 2020, 35 países mantienen la pena de muerte por delitos de narcotráfico.
• En al menos 67 países, el uso o el consumo y/o la posesión de drogas para uso personal es un delito penal.
Trabajadoras-trajadores sexuales
• Al menos 98 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.
• Vender y/o comprar actos sexuales está parcial o totalmente penalizado en al menos 39 países.
• Al menos cinco países denuncian que es posible enjuiciar o sancionar la tenencia de preservativos
Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo
• En seis Estados miembros de las Naciones Unidas (Arabia Saudita, Brunei, República Islámica de Irán, Mauritania, doce estados del norte de Nigeria y Yemen) la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
• En otros cinco Estados miembros de las Naciones Unidas —Afganistán, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia (incluida Somalilandia)— ciertas fuentes indican que podría imponerse la pena de muerte por relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, pero hay menos seguridad jurídica al respecto.
• En diciembre de 2020, 69 estados criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Personas transgénero
• En 13 países, hay leyes específicas que criminalizan a las personas transgénero, penalizándolas con prisión, castigos corporales y, en los casos en que las leyes sobre relaciones sexuales entre personas del mismo sexo también se utilizan contra las personas transgénero, incluso con la muerte.
• No es posible cambiarse de género legalmente en al menos 47 Estados miembros de la ONU.
Personas que viven con el VIH
• En 2020, 92 países informaron a ONUSIDA de que tenían leyes específicas o generales que penalizaban la transmisión, la exposición o la ocultación del VIH.
• Al menos 20 países en todo el mundo siguen imponiendo restricciones de algún tipo a las personas que viven con el VIH a la hora de viajar.
• De entre los 19 países de los que disponemos datos, aproximadamente una de cada cinco personas que viven con el VIH han denunciado que se les ha denegado el acceso a la atención sanitaria (incluido el cuidado dental, los servicios de planificación familiar o servicios de salud sexual y reproductiva).
Pruebas del VIH obligatorias
• En 2018, 59 países confirmaron que siguen manteniendo la obligatoriedad de realizar pruebas del VIH para casarse, trabajar u obtener permisos de residencia, o dentro de determinados grupos sociales.
Jóvenes
• Cuarenta países informaron a ONUSIDA en 2021 de que tienen leyes que exigen el consentimiento de los padres/tutores para que los adolescentes accedan a anticonceptivos hormonales o de larga duración.
• Ciento ocho países informaron de que se requiere el consentimiento de los padres/tutores para someterse a la prueba del VIH, 43 países para la autoprueba del VIH, 92 países para el tratamiento del VIH y 22 países para el acceso a la profilaxis previa a la exposición.
• Algunos países establecen ciertas excepciones al consentimiento de los padres o tutores legales en función de la madurez demostrada: 10 para anticonceptivos hormonales o de larga duración, 15 para pruebas del VIH, ocho para la autoprueba del VIH y nueve para el tratamiento contra el VIH.
• El límite de edad en la legislación sobre consentimiento paterno varía según el servicio. La mayoría de los países que declararon contar con requisitos para el consentimiento de los padres/tutores tenían un límite de edad de 18 años, con excepciones en unos pocos países, donde los adolescentes de hasta 14 años podían acceder a un servicio sin el consentimiento de los padres/tutores.
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