- El organismo encontró irregularidades en integración de carpetas de investigación y asistencia integral a las víctimas
Redacción
SemMéxico, Cd. México; 01 de junio de 2022.- Por violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en perjuicio de ocho personas, probables víctimas de trata, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 99/2022 dirigida a autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), y de Tlaxcala y Querétaro.
La institución encontró irregularidades en la integración de carpetas de investigación y en la asistencia integral de las víctimas, por lo que determinó que personas servidoras públicas incurrieron en violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal.
Por lo que de manera adicional la debida integración de las carpetas de investigación, el esclarecimiento de los hechos y determinación de las sanciones penales a los responsables de los delitos cometidos en perjuicio de las víctimas, se ordena que se repare el daño y se les brinde una compensación justa y suficiente, además de otorgarles atención psicológica y médica especializada durante el tiempo que lo requieran.
La recomendación está dirigida al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero; a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y al titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), Alejandro Echeverria Cornejo con el fin de se continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación.
Los hechos a los que se refiere la recomendación se desprenden de una queja recibida por el organismo el 5 de marzo de 2019, Una de las víctimas, refirió que tras 15 años desparecida, su hija fue rescatada, junto con sus tres hijos, personas menores de edad, en el estado de Tlaxcala.
Luego de la localización y rescate se interpuso una denuncia ante la FGR por los delitos de forzado y servil y por trabajo forzado,. A pesar de que se radicó la carpeta de investigación correspondiente, la fiscalía se declaró incompetente para conocer del asunto, por lo que pidió que se formulara una ampliación de declaración.
A través de lo expuesto por la víctima, se pudo conocer que una semana antes de su rescate sufrió una agresión sexual. Sin embargo, el personal de la FGR omitió realizar el examen especial de tipo ginecológico para detectar la existencia de lesiones de tipo sexual y, en su caso, brindar tratamiento médico, quirúrgico y la valoración psicológica que establecen los protocolos aplicables.
En esta omisión incurrieron también las personas servidoras públicas de la PGJET y el personal de la FGEQ, cuando se les remitió la investigación. La aplicación de los exámenes habría permitido obtener elementos de prueba e indagar los actos de violencia sexual denunciados, pero al no llevarse a cabo, el personal incurrió en una falta de debida diligencia.
La CNDH encontró también que el personal de la PGJET incurrió en varias dilaciones injustificadas y omisiones al no solicitar la entrega de los informes a la Policía de Investigación y pasar por alto los datos enviados por la FGR para generar diligencias con el objeto de agotar diversas líneas de investigación, con lo que se vulneró el derecho de justicia de la víctima.
También actuaron con dilación en la ejecución de diligencias solicitadas por el Ministerio Público e incurrieron en tardanza, sin justificación, en la entrega de los informes respectivos, y no dieron respuesta a las peticiones realizadas por la víctima, a través de sus asesores jurídicos, respecto del estatus y desarrollo de su procedimiento.
Además, el personal ministerial de la PGJET expuso en una notificación a la FGEQ, de forma explícita y sin reserva, el nombre y la edad de las víctimas, omitiendo las claves que les fueron asignadas desde un inicio por personal ministerial de la FGR, por lo que pasaron por alto resguardar su identidad, vulnerando su derecho a la intimidad con relación a la integridad y seguridad personal.
Por todas las irregularidades detectadas, la CNDH solicitó la colaboración de los Órganos Internos de Control y la Contraloría correspondientes para dar seguimiento a las denuncias administrativas que presente en contra de las personas servidoras públicas responsables.
Recomendó que se diseñen e impartan cursos de capacitación dirigidos a las personas servidoras públicas implicadas y a quienes laboren en las áreas en que se puede incurrir en omisiones y dilaciones como las ocurridas en este caso.
La FGR deberá incluir lo dispuesto en el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual”; mientras que el gobierno de Tlaxcala tendrá que elaborar una circular para que personal de la PGJET realice e implemente todas las medidas y acciones necesarias para la protección de la identidad de víctimas y probables víctimas de los delitos en materia de trata de personas.
