Congreso

20 años de prisión a quien permita matrimonios forzados en Guerrero

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  • Sensibilizar a los hombres porque son los que venden a las hijas, proponen organizaciones.
  • El dictamen subraya la amplia necesidad de erradicar el matrimonio infantil y la venta de niñas, niños y adolescentes.

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de octubre del 2022.- Las recientes aprobadas modificaciones al Código Penal del Estado de Guerrero en los Artículos 412 y 417 que ya establecían que el hombre y la mujer podrían contraer matrimonio a los 18 años, especifica y claramente, en ambos artículos, la prohibición bajo ninguna circunstancia celebrar el contrato de matrimonio, ni ninguna figura jurídica que implique relación de pareja o convivencia.

La diputada Beatriz Mojica Morga integrante de la Comisión de Justicia que dictaminó la propuesta específica que el objetivo es impedir el matrimonio antes de cumplir los 18 años, ya que las normas del Código son contradictorias, al permitirse la celebración del contrato con la autorización de las madres, padres o tutores (artículos 36, 223 y 363 del mismo ordenamiento).

El dictamen emitido por la Comisión de Justicia, derivado de una iniciativa propuesta por la titular del Ejecutivo estatal, se plantea la necesidad de establecer restricciones jurídicas que prohíban y sancionen el matrimonio infantil, la cohabitación, las uniones tempranas y la venta de menores, por ser conductas que constituyen una violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, afectándolos en su vida y su desarrollo.

Los cinco integrantes de la Comisión de Justicia, dijo Mojica Morga, coincidieron en que la procedencia de este dictamen subraya la amplia necesidad de erradicar el matrimonio infantil y la venta de niños y niñas; la necesidad de privilegiar auténticamente el Interés Superior del Menor; los riesgos de los matrimonios forzados, figuras semejantes y venta de menores. 

Agrega que las cifras existentes comprueban que las formas en que se violan los derechos fundamentales de la niñez en México aún son significativas y reflejan que los menores de edad en situación de marginación son más vulnerables.

Las reformas al Código Penal establecen hasta 20 años de prisión a los que promuevan los matrimonios forzados entre menores de 18 años de edad, como actualmente ocurre en municipios de la región de la Montaña.

Las adiciones al Código Penal plantean incluir la cohabitación forzada en el capítulo de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. A quien promueva la cohabitación forzada se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y multa de 250 a 750 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Asimismo, a quien solicite, gestione, oferte o induzca la cohabitación forzada, o se beneficie de la misma, se le aplicará de tres a 10 años de prisión y multa de 150 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Si el autor del delito es pariente de la víctima por consanguinidad en línea recta o ascendente o colateral hasta cuarto grado o por afinidad, se le impondrá hasta un tercio más de las previstas en los dos supuestos anteriores, o sea, hasta 20 años de cárcel.

Las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura no cejarán en su empeño de eliminar este tipo de prácticas, mediante la presentación de iniciativas y acuerdos parlamentarios tendentes al establecimiento de programas de igualdad sustantiva y de respeto a los derechos superiores del o de la menor.

Cabe recordar que, en noviembre de 2021, semanas después de haber asumido el cargo Evelyn Salgado Pineda puso en marcha en Tlapa la estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados entre menores de edad en la región de la Montaña y Costa Chica.

Organizaciones feministas y defensoras/es como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han criticado el plan dirigido exclusivamente a las mujeres cuando son los hombres quienes deciden la venta de sus hijas de manera clandestina.

Tan solo en el municipio de Cochoapa el Grande han registrado 10 matrimonios forzados entre menores de edad. La gente que denuncia es encarcelada por la policía comunitaria.

Arias Vitinio afirmó que ellos han propuesto que sensibilicen a los hombres porque finalmente son los que deciden la venta de sus hijas, y no las mujeres. Otra de las fallas es que no ofrecen a las familias de las comunidades proyectos productivos y tampoco ofertas de trabajo, así como obras sociales, escuelas, centros de salud y caminos.

SEM/MG

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