- En 2021 más personas privadas de la libertad por aborto que por otros delitos.
- Cayeron en 71 por ciento las destituciones y 68 por ciento inhabilitaciones de servidoras y servidores públicos en el 2021.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 20 de marzo del 2023.- En México, la corrupción se castiga poco y cada vez menos, tanto por la vía administrativa como por la vía penal. A pesar de que el combate a la corrupción se ha consagrado como una prioridad social, política y legislativa, las acciones realizadas no se han traducido en una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad que prevalece en la inmensa mayoría de los delitos cometidos en el país.
Señala la investigación de Cesar Alejandro Giles Navarro para el Instituto Belisario Domínguez del Senado, titulado “¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021”.
En el 2021, ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas por delitos de corrupción, 55 por ciento menos que el año anterior en el que fueron recluidas mil 942 personas procesadas.
De hecho, al cierre de 2021, había más personas privadas de la libertad por aborto (313 personas), que todas las que se encontraban recluidas en su conjunto por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias (75 personas), esto, a dos años de la entrada en vigor de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de corrupción y a un año de la Ley de Amnistía que extinguió las acciones penales para la interrupción del embarazo.
En lo que toca al plano administrativo, el estudio refiere que las sanciones por faltas graves también han descendido considerablemente pues, entre 2016 y 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron un 71 por ciento, mientras que las inhabilitaciones disminuyeron 68 por ciento en el mismo periodo. Aunque en las entidades federativas, la proporción de servidoras y servidores públicos sancionados por faltas graves es mayor que a nivel federal, sigue siendo una herramienta subutilizada que muestra un comportamiento errático, y muy probablemente sujeta a los cambios políticos.
Para el 2021, el último año del que se cuenta registro, había sólo mil 465 personas presas por delitos de corrupción del fuero común y del fuero federal, de las cuales sólo el 29 por ciento contaba con una sentencia (definitiva o no definitiva). Para poner en perspectiva esta cifra, vale recordar que, en ese año, la población penitenciaria del país era de más de 220 mil personas
Tomando como base el año 2021, se observa que el número de personas en la cárcel por actos de corrupción es significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba a más de 125 mil personas presas, el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
Se revela que, aunque entre 2014 y 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación por el ministerio público federal (PGR/FGR), para 2021, en los centros penitenciarios de todo el país había sólo mil 465 personas presas por delitos de corrupción (fuero común y del fuero federal), número significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba a más de 125 mil personas presas, el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
El bajo número y la tendencia descendiente de las sanciones administrativas y penales aplicadas contra las y los servidores públicos durante el periodo analizado, contrasta con la magnitud del problema de la corrupción y, sobre todo, con la dureza de las penas previstas para los delitos asociados a esta conducta criminal.
Ello apunta que, aunque cada vez hay leyes y castigos más severos para la corrupción, pareciera que aún no se han desarrollado las capacidades de fiscalización e investigación adecuadas para la persecución y sanción efectiva de este delito que tanto daño ocasiona a la sociedad, a las finanzas públicas y a la democracia.
El estudio señala que tiene razón el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, al concluir que: Las causas principales de la corrupción siguen vigentes, pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos por el resto del mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, su implementación ha fracasado.
El sistema creado por el Estado mexicano para combatir ese fenómeno no se ha empleado con eficacia por los poderes públicos y, como secuela, no ha logrado mitigar las muy diversas manifestaciones de la captura de los puestos y los presupuestos públicos. Tampoco ha garantizado la máxima publicidad de las decisiones tomadas por los sujetos obligados, no ha logrado sancionar con eficacia a quienes han cometido faltas o delitos de corrupción y no ha cumplido a cabalidad con sus cometidos.
Según el análisis del IBD, la disminución de las sanciones contra la corrupción parece tener múltiples causas, entre las que se encuentran la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen atribuciones de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos, el debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización, así como la integración incompleta de algunas de las instituciones que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción -Secretaria de la Función Pública (SFP), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)-.
La investigación considera que, más que nuevas reformas o castigos más severos, lo que se requiere es asignar una cantidad razonable de recursos a las instituciones del Estado, así como revisar, fiscalizar y mejorar la actuación de las autoridades que se encargan de hacer cumplir las normas: desde los órganos internos de control y los tribunales de justicia administrativa, hasta los ministerios públicos y jueces que intervienen en las diferentes etapas del proceso penal.
SEM/MG
