SemMéxico, Oaxaca, 19 abril 2018.- Mujeres de organizaciones exigieron hoy a los partidos políticos de Oaxaca, garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de equidad y seguridad durante el presente proceso electoral, ya que se han registrado diversas agresiones de este tipo en los últimos años y, pese a ello, el congreso local derogó la tipificación de la violencia política contra las mujeres.
Las organizaciones sostienen que desde el 9 de agosto de 2017, mediante el Decreto número 672, la LXVIII Legislatura del Congreso Local derogó el artículo 401 bis del Código Penal que tipificaba la violencia política contra las mujeres, derogación que fue publicada en el Periódico Oficial el 20 de septiembre de 2017, lo que significa un retroceso en el marco normativo para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que deciden ejercer sus derechos políticos, dejándolas aún más vulnerables.
En un comunicado señalan que, como organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, activistas, militantes de partidos políticos, indígenas y no indígenas, que desde distintos espacios promovemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, manifiestan su preocupación por la violencia política por razón de género que han documentado y acompañado.
En ese sentido llamaron a los partidos políticos, instituciones electorales y autoridades en el ámbito de su competencia a no ser cómplices de agresores que han ejercido violencia contra las mujeres y que hoy buscan reelegirse o figurar en las boletas electorales.
Así como garantizar las condiciones de equidad y seguridad para las mujeres que participen en el proceso electoral 2018 y demandaron del Congreso Estatal tipificar nuevamente la violencia política por razón de género y pidieron que el Gobierno del Estado de Oaxaca garantice plenamente el derecho de las mujeres a la participación política.
“La protección de los derechos político-electorales de las mujeres, el impulso de la democracia paritaria, la defensa y promoción de los derechos colectivos de las mujeres y pueblos indígenas, es un compromiso que deben cumplir tanto las Instituciones electorales, los partidos políticos y las autoridades en el poder. Desde la sociedad civil estaremos atentas de las acciones y omisiones que las autoridades y organismos realicen para erradicar la violencia política de género”, explican.
Los hechos de violencia
Es así como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), esta institución recibió 35 quejas de mujeres que refieren haber vivido alguna forma de violencia política. En tanto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca recibió en 2017, 22 denuncias por violencia política contra las mujeres. Además, 14 mujeres recurrieron a los Tribunales Electorales para presentar Juicios de Derechos Políticos del Ciudadano ante las limitaciones para el ejercicio del cargo.
De 2016 a la fecha hemos registrado una serie de agresiones por parte de actores políticos locales avalados y protegidos por los partidos políticos como es el caso de Juan García Arias, presidente municipal de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, quien se pretende reelegir a través de la Coalición Todos por México (conformado por el PRI,PVEM Y Nueva Alianza), y que desde el periodo de campaña en el proceso electoral 2016, ejerció violencia contra la síndica municipal Herminia Quiroz Alavés, a quien el presidente municipal impide realizar sus funciones.
Asimismo, documentamos diferentes tipos de violencia por parte de los siguientes actores políticos en 15 diversos municipios del estado: Guillermo García Cajero y Tomás Basaldú Gutiérrez (Santiago Pinotepa Nacional); Pablo Ánica Valentín y Eloy Bernardo Vargas Alberto (San Juan Bautista lo de Soto); Ramiro Nolasco Gerónimo (Santo Domingo Zanatepec); Juan García Arias (San Juan Colorado); Camilo Magdaleno González Othón (San Juan Ihualtepec); Alejandro Justino Cruz Díaz (San Pablo Huixtepec).
Además de Tomás Salas Mariano (Ayotzintepec); Víctor Aguilar Ricardez (San Pedro Huamelula); Eutiquio Sierra Cortés (Santa Cruz Tacache de Mina); Alejandro Palacios Palacios (San Pedro Huilotepec); Leocadio González Calleja (San Juan Bautista Tlacoatzintepec); Rodimiro Castellanos Ibañez (Santa Gertrudis Zimatlán); Fermín González Vásquez (San Martín Zacatepec) y Gabriel Ángel Guzmán Miguel (San Pedro Atoyac).
Entre las agresiones documentadas destacan el hecho de síndicos que ejercieron violencia contra las presidentas municipales para obligarlas a renunciar, y el cargo pudiera ser ocupado por ellos.
Presidentes municipales que de manera permanente ejercieron violencia contra síndicas o promoviendo su destitución; campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista, entre otras formas de violencia que impiden que las mujeres puedan ejercer de manera plena y segura el cargo para el que fueron electas.
Entre las organizaciones firmantes destacan: Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C, Ixmucane A.C, Empoderamiento y Desarrollo de Mujeres y Comunidades Indígenas A.C, Red de Mujeres Indígenas en Cargos Municipales, Círculo de Mujeres Mixtecas, Red de Politólogas, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Equipos Feministas A.C., CIDHAL A.C, Bitácoras Liderazgo Social con Equidad A.C, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, Colectiva Ciudad y Género A.C y defensoras de los derechos de las mujeres, entre otras. Así como más de 30 mujeres que pertenecen a diversas organizaciones.
SEM/sj
