Impunidad

Fiscalías borran avances de la lucha de las mujeres en México

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El 21 de julio se realizó la misa de cuerpo presente de Luz Raquel Padilla, quien fue víctima de feminicidio. Sus agresores la rociaron con alcohol y le prendieron fuego. Foto: Fernando Carranza / Cuarto Oscuro

Es ineficacia, recorte presupuestas y cero evaluaciones

Expertas analizan cómo se revictimiza a las mujeres violentadas 

María Fernanda Ruiz y Daniela Rea

SemMéxico, Ciudad de México, 31 de julio, 2022.- La hipótesis sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla, que la Fiscalía del estado occidental de Jalisco llegó a presentar como una «autolesión», es una muestra de la ineficacia y falta de perspectiva de género que las fiscalías en México siguen ejerciendo, pero sobre todo es una muestra de criminalización hacia las víctimas.

Representa, además, un borrado de los avances conseguidos por las mujeres en su lucha por la justicia. Así lo advierten en entrevista las expertas en género y justicia Rita Canto Vergara, Karla Micheel Salas Ramírez y Emanuela Borzacchiello.

Padilla, de 35 años, murió el 20 de julio, tras ser quemada viva el día 16 por un grupo de personas que la rociaron con alcohol cerca de su vivienda y después de haber denunciado pintadas y otras amenazas previas contra ella, aparentemente de vecinos molestos por los ruidos de su hijo, del espectro autista, cuando sufría una crisis.

En México se utiliza el término “criminalización” para denunciar cuando servidores públicos responsabilizan a las víctimas de sus propias muertes o del delito que cometieron contra ellas en lugar de realizar una investigación adecuada y digna. La abogada Salas Ramírez identifica tres formas existentes de criminalización:

“La primera forma de criminalización es cuando se habla de que la víctima se puso en riesgo, que alguna actividad o su forma de vestir provocaron volverlas víctimas de un delito. La otra forma de criminalización es cuando señalan que fueron suicidios. Y hay otro tipo: donde se les relaciona con drogas, prostitución, cosas que evilen (del adjetivo evil en inglés: malvado) a las víctimas”, afirma.

En México, según datos extraoficiales, cada día caen víctimas de feminicidio 11 mujeres y 97 por ciento de estos casos quedan impunes. Jalisco es el tercero estado de los 31 del país con mayor impunidad.

Para la defensora Canto Vergara, la criminalización de las víctimas directas en las fiscalías se ejerce de distintas formas, como cuestionar el simple hecho de ser mujer, su modo de vida, su estado emocional, su estado económico o su condición de pobreza, su gusto o su oficio, indagar en sus círculos cercanos elementos que justifiquen el crimen, o encontrar la vulnerabilidad de las familias de la víctima para tender hipótesis falsas.

Además, agrega, hay otras prácticas que revictimizan y criminalizan: peritajes hechos a modo, necropsias y autopsias sin fundamentos científicos de manera sistemática, no reconocimiento de la palabra de las familias y víctimas, las filtraciones a la prensa, el establecimiento de hipótesis como verdaderas por parte de altas autoridades sin haber hecho investigación, los prejuicios de género en contra de las mujeres.

Pero a juicio de Canto Vergara “se ha avanzado, se ha intentado avanzar, las organizaciones y familias fortalecen su voz ante las fiscalías, que han permitido prácticas y medidas muy simbólicas de reparación, aunque no están dentro de marcos y referencias internacionales de reparación”.

En ese sentido una verdadera reparación tendría que ver con el acceso a la verdad y para acceder a la verdad se tendrían que erradicar estas prácticas de criminalización y revictimización.

Digna, Lesvy, Debanhi, Luz Raquel, el caso Narvarte…

Existen varios ejemplos de criminalización de las víctimas en la historia de la justicia mexicana. Sucedió con el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, declarado suicidio sin siquiera realizar un peritaje adecuado; el caso Narvarte, en donde se estigmatizó a las mujeres asesinadas a partir de prejuicios y estereotipos; o en el más reciente de Debanhi Escobar, en el que una de las líneas de investigación era que Debanhi cayó en la cisterna donde fue encontrado su cuerpo.

La abogada Salas Ramírez observa en la criminalización de Luz Raquel Padilla similitudes con el caso de la defensora Digna Ochoa. En ambos casos los servidores públicos plantearon hipótesis en las que argumentan que hubo una preparación previa del crimen, que las víctimas realizaron auto amenazas… que prácticamente planearon sus asesinatos. En ambos destaca la omisión de investigar debidamente sus muertes violentas.

“Teniendo tantas líneas de investigación como lo son los conflictos vecinales, las amenazas en redes o que sea un crimen de odio por su orientación sexual, que su principal hipótesis se desprenda de la compra de un encendedor, que eso pueda devenir en una inmolación… Me parece que es sumamente preocupante que la fiscalía esté actuando de esa manera. Están sosteniendo una línea de investigación a partir de una serie de prejuicios y no de datos claros”, explica.

Hay normas, falta evaluar a funcionarios

Para Borzacchiello, investigadora especializada en feminicidio, estos casos son ejemplos que nos muestran una enorme necesidad: evaluar a los funcionarios constantemente.

“Hoy en día no es verdad que vivimos en la ausencia o en la falta de marcos normativos con perspectiva de género y de derechos humanos. Los hemos ganado con años intensos de duras luchas feministas. Además, tenemos marcos nacionales e internacionales, normativas que obligan a las fiscalías a tener personal profesionalizado y sensible”, indica.

Destaca la experta que “los estados donde hay alerta de género tienen dinero y están obligados a capacitar al personal en perspectiva de género y derechos humanos. Pero no queremos solo una capacitación, también queremos una evaluación para entender si determinadas capacitaciones funcionan o no y después de la evaluación, tenemos que tener sanciones para los funcionarios que no cumplen”.

¿Por qué las fiscalías siguen cometiendo los mismos errores?

Como explica Borzacchiello, México cuenta con marcos normativos con perspectiva de género que son parte de una larga lucha de las mujeres por exigir y proteger la vida, pero la falla en las investigaciones y las malas prácticas de las fiscalías diluyen estos avances.

“Al revictimizar y criminalizar el cuerpo de Luz Raquel se está intentando borrar todos los instrumentos de luchas que, desde Campo Algodonero hasta hoy en día, no sólo en México sino en todo Latinoamérica, se han conseguido”, denuncia.

Y añade: «quieren reproducir un sistema de justicia antiguo donde la violencia de género y la violencia contra determinados tipos de cuerpos femeninos o feminizados era cotidiana o permanente, borrando así todas nuestras luchas”.

Salas Ramírez ve dos elementos que permiten que las autoridades continúen actuando de esta manera:

“La primera es la justificación histórica, no solo desde el derecho sino desde la cultura. Se ha justificado históricamente el asesinato de las mujeres en la forma en cómo son vistas las mujeres. Siempre las mujeres que asesinaban eran las mujeres ‘malas’. A nivel social siempre se responsabiliza a las víctimas y se aminora la responsabilidad de los agresores».

La otra razón, argumenta, “es la resistencia o misoginia arraigada de los funcionarios públicos que trabajan en las fiscalías”.

Estas resistencias han instaurado conceptos viejísimos como el de “crimen pasional”, el cual ni siquiera es un concepto jurídico, sino de uso y costumbre.

Este se basa en la premisa de que la víctima hizo algo para darle razones a su agresor de asesinarla. Por muchos años no se ha dado la importancia en ocupar recursos institucionales para hacerse cargo de una investigación y se han dado carpetazos buscando resolver de manera fácil los casos con este tipo de justificaciones.

“Por eso cuando se construye el concepto de feminicidio se obliga a las autoridades a investigar cualquier muerte violenta de mujer lo que le devuelve la importancia que históricamente se ha negado a la vida de las mujeres. Y le dice a las autoridades: ‘tienes que investigar y agotar los antecedentes de violencia’”, recuerda Salas Ramírez.

Los feminicidios se pueden evitar

Borzacchiello observa que el caso de Luz Raquel muestra también que los feminicidios son evitables, pero es imposible lograrlo si la protección a las mujeres no es la adecuada.

“¿Por qué si Luz Raquel había denunciado no fue atendida? El Poder Judicial no emite suficientes órdenes de protección. Es importante saber que los Ministerios Públicos deben tener una tabla de medición de riesgos. Las órdenes de protección están emitidas solo por el poder discrecional del ministerio público, es necesario que a nivel federal tengamos homologadas tablas de medición de riesgos para que se puedan emitir órdenes de protección según criterios emitidos de forma eficaz”, señala la investigadora.

La especialista cuenta que apenas en Ciudad de México, y gracias a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se está construyendo una tabla como la que menciona que será utilizada por agentes, Ministerios Públicos y operadores que atienden a mujeres sobrevivientes de violencias. Sin este tipo de herramientas, se posibilita la desprotección de las mujeres y la toma de decisiones a partir de los prejuicios e ignorancias de los servidores públicos.

Otro aspecto importante es destinar recursos económicos a la prevención y protección de las mujeres. Según información de Fundar, a pesar de que aumentó el presupuesto federal destinado a la igualdad entre mujeres y hombres se redujo la cantidad destinada a refugios y programas para la atención y prevención de violencia hacia las mujeres.

“Este programa tendría una reducción de 0,3 por ciento contra 2021, al pasar de 311 millones de pesos a 310 millones en 2022. Dentro de este programa se incluyen distintas acciones que sufrirán disminuciones, entre ellas las acciones de coadyuvancia para las alertas de género con una reducción de 1,5 por ciento, explica la organización no gubernamental.

Fundar añade que también ha habido reducciones en el presupuesto de 2022, «en la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y en los Recursos Transferibles para la Implementación de Medidas que Atiendan los Estados y Municipios que cuenten con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género».

Alzar la voz, no dejar pasar estos errores

¿Qué nos toca hacer como sociedad ante la ineficiencia de las instituciones? Salas propone sanciones sociales:

“Es fundamental que alcemos la voz en todos los espacios, generando una sanción social frente a este tipo de expresiones que no podemos permitir. Me preocupa todo lo que hay alrededor del caso de Luz Raquel. La afectación es a Luz, a su hijo y sus seres cercanos, pero también hay un mensaje al resto de la sociedad y particularmente a las mujeres».

A su juicio, «este mensaje de terror de que no estamos seguras en ningún espacio, ni en nuestros hogares, ni en la calle y no hay institución que nos proteja. Y que cuando la autoridad permite la violencia lo que ocurre es que escala la violencia”.

Publicado  originalmente en Pie de Página, de la red mexicana de Periodistas de A Pie.

Sem/sl

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