- “La paciente debe contar con toda la información necesaria para poder decidir libremente y sin presiones, con pleno conocimiento sobre las características y las consecuencias, así como la irreversibilidad del procedimiento”, indican.
- Destaca que el documento donde se exprese y ratifique la aprobación deberá estar redactado en la lengua o idioma nativo de la paciente.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de febrero del 2023.- Para erradicar del país la práctica de esterilización forzada y castigar a quienes la ejerzan sin el consentimiento de las pacientes, así como considerarla violencia sexual, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo, propuso modificar el artículo 67 de la Ley General de Salud y el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La reforma al artículo 67 de la Ley General de Salud establece eliminar el concepto de parejas y señala que la información anticonceptiva debe ser otorgada a todas las personas. Plantea establecer que es necesario el consentimiento expreso, informado, previo y por escrito del paciente para la práctica de cualquier método o procedimiento quirúrgico, químico o de cualquier otra índole que conduzca a la esterilización.
“La paciente debe contar con toda la información necesaria para poder decidir libremente y sin presiones, con pleno conocimiento sobre las características y las consecuencias, así como la irreversibilidad del procedimiento”.
Destaca que el documento donde se exprese y ratifique la aprobación deberá estar redactado en la lengua o idioma nativo de la paciente.
En los argumentos se señala que en México persisten violaciones a los derechos reproductivos y sexuales en cuanto a la negación al acceso de los servicios médicos para las mujeres gestantes o su dilación, el maltrato, intimidaciones, regaños, humillaciones, así como la coacción para que las mujeres acepten un método anticonceptivo permanente cuando ellas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.
Menciona casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la Recomendación 45/2021 al IMSS por violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres por hechos ocurridos en el 2017 de malos tratos y presión psicológica que recibió una mujer en proceso de parto, quien fue forzada a acepar una cirugía de esterilización en el Hospital General de Zona No. 9 en Ciudad Guzmán, Jalisco.
Asimismo, menciona el Informe Especial de “Violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México” por parte de la CNDH, en el que se señala que persisten prácticas discriminatorias tales como la violencia obstétrica y las prácticas de esterilización forzada.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relación en los Hogares (ENDIREH) 2021 señala que la prevalencia en el maltrato en la atención obstétrica contra las mujeres de 15 a 49 años de edad, cuyo último parto o cesárea ocurrió durante los últimos cinco años por entidad federativa, es del 31.4 %. Entre las diversas manifestaciones de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una de las más graves es que a 4.3 % de las mujeres se les colocó un método anticonceptivo o la operaron o la esterilizaron para ya no tener hijas e hijos sin su consentimiento.
Menciona el documento que fue publicado en la Gaceta del Senado y turnado a las Comisiones Unidas de Salud, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos que de acuerdo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), define la esterilización forzada, como “la imposición de un método anticonceptivo definitivo, sin tomar en cuenta (o contraviniendo) la voluntad de la persona”.
GIRE también advierte que, en ocasiones, el consentimiento informado tiene vicios de origen, pues es recabado con violencia a través de intimidaciones, regaños, humillaciones e incluso condicionando la atención médica a las mujeres.
La iniciativa también propone que, en materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo preferentemente en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.
Mientras que la Ley General para el Acceso de las Mujeres se reforma para la esterilización forzada se catalogue como violencia sexual.
La iniciativa busca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, señala la legisladora en el documento inscrito en la Gaceta del Senado de la República.
SEM/MG
