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La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres debe desaparecer: Leticia Bonifaz Alfonzo

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La experta de la CEDAW sostiene que se debe abandonar una política centrada en lo judicial por una integral

Antes de viajar a Ginebra, analiza las dificultades para disminuir la violencia contra las mujeres y se lamenta de la falta de comprensión sobre los derechos humanos. 

Sara Lovera 

SemMéxico, Cd. de México, 21 de octubre, 2021.- Leticia Bonifaz Alfonzo, una de las 23 expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés), sostiene que es tiempo de eliminar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), herramienta que no funciona. Sostuvo que urge una política integral de prevención de la violencia y abandonar la política centrada en lo judicial, como ahora sucede.

En entrevista con SemMéxico, antes de salir a Ginebra, donde ahora sesiona el Comité de la CEDAW, la conocedora de los derechos de las mujeres, también se lamentó de que la administración gubernamental no entienda cómo se aplican y se promueven los derechos humanos de las mujeres y cuestionó, que se trabaja únicamente “por encimita”, sin ir al fondo del problema, a pesar del cúmulo de estudios, instrumentos y rutas de actuación. 

En la práctica, reflexionó, “vivimos una simulación” en cuanto a la política de género, “pero no entienden”, a pesar de ello consideró que en poco tiempo estaremos celebrando el derecho nacional a la interrupción legal del embarazo, en concordancia con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN y la reforma en puerta a la Ley General de Salud, que garantice los servicios.

Leticia Bonifaz Alfonzo ,  experta independiente  en el Comité desde hace menos  de un año, – 9 de noviembre 2020-, considerada por grupos feministas como quien tiene todas las credenciales para ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia, dijo que en Ginebra, ahora, no se examinará el cumplimiento  de las recomendaciones a  México de ese Comité, ni ella puede opinar sobre eso,  pero sí dijo que es recomendación de la CEDAW que en México se libere el aborto y se cumpla con todos los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y sobre la violencia de género.

Le preocupa,  con su mirada feminista y su profundo conocimiento de las leyes, cómo fue que se perdió, por ignorancia y motivos políticos, el sentido de urgencia de la AVGM, tanto por los gobiernos, como por los grupos feministas, haciendo de este mecanismo, uno burocrático, enredado y sin posibilidades de aminorar la frecuencia, sentido, profundidad y consecuencias de las violencias contra las mujeres,  que no sólo acaba con la vida de muchas mujeres  -11 todos los días-, sino que no previene y no detiene la cadena de violencias desde la infancia.

Y dijo: “no entienden”, a pesar de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y otros instrumentos que son importantes para aminorar el fenómeno. No hay, dijo, un proceso, donde debiera trabajar interdisciplinariamente, para desencadenar una política integral. Se ha confundido la intención de la AVGM.

Tampoco es una solución repartir dinero “becas” a las mujeres, sin entender la condición social de las mujeres, todos sus contornos, necesidades y problemas, además tampoco se trabaja por sus derechos humanos y sus libertades.

Criticó la superficialidad con que se actúa y “les he dicho” no es cuestión de abogados, es cuestión de cambio cultural, de participación de varias disciplinas, no sólo, tampoco, de estadística y conteo de los hechos, ni de mandar el mensaje de que se trata sólo de delitos y, entonces, de acciones exclusivamente judiciales, “así no lo vamos a resolver”, sentenció. 

Doctora en Derecho y durante tres décadas catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, nacida en la frontera de Chiapas con Guatemala, en 1959, investigadora del CIDE, lo que la sitúa como una gran conocedora de muchas de las terribles violencias y desigualdades no solo de México, “sino de toda América Latina”. Estos días en Ginebra entregará su informe de país sobre Ecuador. Se trata del 80º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, compuesto por 23 expertas independientes de todo el mundo.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, hace meses que terminó un estudio, con mucha estadística, sobre cómo ha subido la violencia en México y documentó cómo se disparó en 2007, ligado con el narcotráfico. Pero esa es una coincidencia temporal.

Le preocupa haber hallado que la violencia de género subió en el espacio público, algo que es preocupante, aunque tranquiliza saber que tantas políticas enfocadas al ámbito doméstico tal vez ya dieron algún resultado, a la vista de ver cómo la pandemia modificó.

Explica su análisis que si se ve por edades está clarísimo que la violencia va contra mujeres jóvenes, el pico está entre 20 y 25 años, y eso muestra con la relación con la violencia sexual, que empieza a subir a los 9 y 10 años. Se sabe que hay estudios y diagnósticos, pero las acciones concretas no se ven reflejadas. Es lo que sucede con la AVGM. Y ahí afirmó que la alerta de género no funcionó, porque no tuvo carácter preventivo que era lo ideal, pero se ha trabajado mucho en intentar homogeneizar un país que es muy diferente, eso es otro error. 

“Si tú miras las recomendaciones de las AVGM, todas son igualitas, es como si tuvieran un molde”, al no profundizar sobre las diferencias regionales, culturales, no se analizan situaciones precisas. Ello tendió una cortina de humo, por una parte, y por la otra hace inoperantes las “supuestas” acciones. No se trata de poner límites -como la iniciativa ahora en el Senado de reducir a 3 meses los resultados-, sino de cambiar la estrategia.

Y no obstante la evidencia de que la AVGM no funciona, en esta administración, con el mismo molde se han declarado varias. Y, la confusión es tal, que se habla de una declaratoria nacional, desconociendo los mandatos de la Ley de Acceso, y no operan ni el sistema nacional –CONAVIM-, ni los sistemas estatales. No hay prevención y eso es lo más grave.

Si somos una república hay que homogeneizar.

Esta mexicana que fue responsable de la política de género en la Suprema Corte de Justicia, hablando de cerca con ella se ve en sus ojos de chiapaneca que conoce los problemas de la migración, la prostitución, las penurias de las mujeres, la violencia sexual y la discriminación.

Reconoce que con el cambio de administración podría avanzarse, pero lo cree difícil, por su experiencia profesional, ligada a la política e incorporado a su nueva responsabilidad, dijo que aun cuando ahí, en el Comité de Experta no pude hablar de México, si consideró que el gobierno de la 4T tendría que actuar, “es ahora o nunca”, afirma cuando se le pregunta por las políticas de igualdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La tarea para atender y aminorar la violencia contra las mujeres obliga a ir al fondo del problema, a sus causas, examinadas interdisciplinariamente, porque continúa el ascenso del crimen.

La nueva representante de México en el Comité de la ONU contra la discriminación de la mujer dice que hay muchos diagnósticos sobre violencia de género, pero las medidas concretas no se reflejan en cambios.

Hacía más de una década que México no tenía una representante en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU e interrogada sobre la pandemia, lamenta que en aras de la austeridad se han hecho algunos recortes en políticas de igualdad que han sido muy criticados por las feministas cuestión que le preocupa. 

“Sí, considerando la desigualdad de todos los años previos. México se retrasó en la conquista del derecho a votar y ser votada, hasta los 50. El voto se logró, pero persisten los obstáculos para el derecho a ser votada, incluso con reglas claras en la Constitución vemos que con la interpretación se impide su cumplimiento. Se me hace que si el INE plantea listas paritarias está muy bien para ir empujando a los partidos a que den el paso. Pero entre que sí y que no, los avances siempre son forzados, nunca de manera espontánea”.

Y sobre cómo no funciona la AVGM por esas recomendaciones sin diferencias, ni acotadas a las regiones, afirmó que no sólo hay diferencias entre legislaciones o formas de investigar. Los operadores jurídicos no ven la violencia con perspectiva de género. Por tanto, muchas veces no basta con tener un protocolo. Buscar la perspectiva de género es cuestión de quitarse la venda y ver la situación por la que atraviesan las mujeres, y para eso hay que avanzar en la capacitación de operadores, pero desde su conciencia de género, el protocolo no funcionará si no atiendes a los prejuicios que se tienen en esa materia.

Además, la AVGM se politizó, y reflexiona, “Todo el mundo te dice que es culpa del otro, los tramos de responsabilidad no están claros, que, si el policía hizo o no hizo, el fiscal dice que la detención no se hizo bien, pero luego el juez critica que la carpeta le llegó incompleta. La culpa no es solo entre federación, estados y municipios, sino entre cada tramo de responsabilidad y desde que se hizo la reforma del nuevo sistema no se ve como una continuidad de responsabilidades, sino cortes: hasta aquí me toca y me lavo las manos, cuando debe ser un continuo.

Y de la impunidad sostiene: muchas veces, el agresor ya sabe que no le va a pasar nada y se lo dice a la víctima: ‘perderás el tiempo en denunciar, yo soy amigo de fulanito, me echo los tragos con él’. Si las víctimas saben que hay relación entre los operadores y el resto, y que hacen equipo en contra de las mujeres, pues no funcionará. Saber que no habrá consecuencias no es buen ejemplo.

A pesar de sostener que no es cuestión sólo judicial o policiaca, si señala que la responsabilidad está más en las procuradurías y fiscalías, es el tramo más débil de la cadena de responsabilidades. Muchas veces el juez trabaja contra corriente, rehacen, ponen argumentos y terminan de armar el expediente, que ya debería venir armado desde el inicio.

Por ello hay que trabajar en procesos de capacitación, en serio, no puede darse por sentado que todos tienen los elementos básicos y no los tienen. Para muchos, las mujeres seguimos exagerando, incluso tuvimos declaraciones donde hay quien cree que el feminicidio no debe ser un delito autónomo. Por eso la importancia del CEDAW cuyas recomendaciones se tienen que usar más, es un paraguas importante para apoyar un caso.

Otro gran problema es que en las Facultades de Derecho no se enseña con perspectiva de género cuando es algo transdisciplinario. La violencia no es solo contra las mujeres jóvenes, también niñas, mayores, indígenas… Hay que ver las especificidades.

Preocupada por lo que hoy se conoce como interseccionalidad, considerando a las comunidades indígenas, la interrogante es cómo aun los padres siguen concertando el matrimonio de sus hijas. Y hay pagos o intereses, la doctora Bonifaz Alfonzo afirma:

“Mira, el Estado de la República que veas, con la etnia indígena que tomes, el patriarcado como modelo es el presente. Lo interesante es que, aunque la Constitución reconoce usos y costumbres, estos no pueden ir contra los derechos humanos, así ha sido la interpretación de la Suprema Corte. Pero, aunque la paridad es constitucional, a las mujeres o no las dejan ejercer o ejercen violencia contra ellas o las sustituyen de hecho.

Entonces, preguntamos, cómo corregir todo esto. Y habla, no obstante que como experta de la CEDAW no puede hablar de México, recuerda que hay una recomendación general es que no se puede dejar de lado ningún tema relacionado con la igualdad de género, porque no se trata solo de igualdad social, sino que tiene que ver con la paz.

Fue entonces cuando habló de la simulación. Para ella la más evidente es la manera como hace tantos años se declara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que debía desaparecer por inoperante y burocrática, no obstante, en esta administración se han declarado tantas y la violencia aumenta.

Para la experta en derechos humanos, el origen la de la violencia contra las mujeres no es una cuestión ni de abogados ni de policías. Sólo se realizan acciones por encimita, lo que no resuelve el problema.

Luego urgió a cambiar toda la estrategia. Se necesita actuar con equipos interdisciplinarios para definir acciones, cosa que no se hace. Criticó la manera como se “capacita”, también por encimita y consideró que la situación de las mujeres no puede tampoco querer remediarla con dinero, con becas, con presupuestos asistenciales.

Para Lucía, la impunidad de que gozan los feminicidas, no es sólo por mala operación policiaca o de seguridad, sino de la falta de comprensión del gobierno sobre el origen, desarrollo y contorno de las violencias contra las mujeres, del maltrato verbal al asesinato.

Reconoció que no hay resistencia machista en los programas y las instituciones, por eso dice que frente al fenómeno hay simulación reiterada. Tampoco se puede, como se pretende, una y otra vez, hacer nuevas leyes, parchar las que hay o imaginar que una disposición jurídica, va a erradicar la violencia.

La entrevistada fue Directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación posdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como Directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal y como Directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Se destaca su continua participación en foros, tanto en México como en el extranjero, en temas sobre equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo.

La Suprema Corte de Justicia, nueva oportunidad

En unos meses habrá una nueva elección en la SCJN, y Leticia Bonifaz Alfonzo, sigue en el interés. Para las agrupaciones de mujeres es necesario el enfoque de género dentro de la política de la impartición de justicia. Y Bonifaz Alfonzo ha tratado temas electorales, indígenas, de migración, defensa del agua, matrimonios igualitarios, tortura, feminicidio, equidad de género, democracia, globalización, derecho alternativo y técnica legislativa.

Ella  fue consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón, y fue una defensora del derecho a decidir de las mujeres en la capital cuando se dio la discusión sobre la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (ILE) en 2007, y posteriormente ella encabezó, junto con su equipo, toda la defensa jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ILE fue impugnada por la Procuraduría General de la República, encabezada por el ex  ministro, Eduardo Medina Mora y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular era José Luis Soberanes.

Las mujeres destacan la trayectoria académica y laboral de la actual experta de la CEDAW, y en estos días hay una petición que empezó a circular por Change.Org petición de mujeres, abogadas y abogados, personas de todo México que piden que sea una mujer quien ocupe la vacante en la Suprema Corte de Justicia, que estará libre el 12 de diciembre próximo, como una elemental justicia de género. Hoy sólo el 27 por ciento de los y las ministras son mujeres.

Por ello sostiene la petición que la próxima vacante en la SCJN, deberá ser para una mujer, en tanto que actualmente de 11 bancas, sólo 3 están ocupadas por mujeres. Ello contribuiría a avanzar en la paridad que tanto defiende el ministro presidente  Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La Suprema Corte de la Nación se compone de 11 personas, de ellas solamente hay 3 ministras: Ana Margarita Ríos Farjat, primera sala; Yasmín Esquivel Mossa, ministra, y Norma Lucía Piña Hernández.

La petición señala que el 12 de diciembre de este año culmina el periodo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas. Por ello, en las próximas semanas, el Presidente de la República deberá someter al Senado una terna de posibles candidaturas, y éste deberá elegir entre ellas al nuevo ministro o ministra, con el voto de las dos terceras partes de las y los presentes.

La elección de ministras y ministros de la SCJN es uno de los procesos más relevantes de nuestra democracia.

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