- Yolanda Gámez Mendoza señala que la resistencia política del congreso lesiona los derechos humanos de las mujeres.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 16 de marzo del 2023.- Se hace efectivo en Puebla la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del derecho a decidir ganado por el amparo contra la regulación del delito de aborto en la entidad por las organizaciones GIRE, CAFIS y ODESYR, al desistir el gobierno actual de la impugnación interpuesta el 11 de noviembre del 2022.
Como parte de una estrategia integral que junto a otras organizaciones locales busca la despenalización legal y social del aborto, el amparo fue presentado el 18 de febrero de 2022 y el 14 de octubre del mismo año un Juez de Distrito estableció en su sentencia que los artículos del Código Penal del estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos, y que es inconstitucional su prohibición así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar, siempre que medie consentimiento.
Ante la resolución del juez a favor del derecho a decidir, el gobierno de Puebla impugnó la sentencia el 11 de noviembre de 2022; sin embargo, un tribunal colegiado confirmó el pasado 8 de marzo de 2023 que las autoridades habían abandonado el proceso judicial.
Activistas y diputada morenista instan al congreso de Puebla a discutir legalización del aborto
Esta decisión representa un gran avance para el ejercicio del derecho a decidir en el estado de Puebla y puede empujar a la despenalización del aborto en la entidad, por lo que las feministas hicieron un llamado al Congreso de Puebla para reformar la legislación vigente basada en la sentencia de la SCJN que declaró inconstitucional la prohibición y criminalización del aborto.
Casi al mismo tiempo de la noticia por parte de las organizaciones feministas en el congreso local la diputada morenista, Yolanda Gámez Mendoza instaba a su líder parlamentario y presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, a iniciar la discusión de la despenalización del aborto, así como renunciar a su objetivo de que la reforma sea avalada por los 41 legisladores y legisladoras, ya que solo necesita el voto de 20 para ser aprobada.
La representante del distrito de Atlixco insto al líder parlamentario a llevar a cabo la discusión, porque confirmaría que hay una resistencia política que lesiona los derechos humanos de las mujeres.
La legisladora advirtió que de acuerdo a la sentencia del 7 de septiembre de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que protege a las mujeres de todo el país para no enfrentar un proceso penal, en caso de interrumpir un embarazo, todavía existe la posibilidad de que sean criminalizadas por las fiscalías de los estados o pierdan la vida en abortos clandestinos.
La diputada Gámez Mendoza presentó con un grupo de legisladores y legisladoras en noviembre del 2022 una serie de reformas a la Ley Estatal de Salud del Estado para despenalizar el aborto y realizar los procedimientos gratuitamente. Misma que está en la congeladora junto con otras tres iniciativas que ni siquiera se han analizado en comisiones.
En aquella ocasión la diputada Gámez expresó que “criminalizar el aborto no evita que se practique ni se eviten los embarazos no deseados, sino que conducen a las mujeres a practicarlos en la clandestinidad, incurriendo así en lugares inseguros”.
La ley vigente establece en el artículo 340 una pena de uno a tres años de prisión a quien interrumpa su embarazo voluntariamente. Asimismo, el 341 detalla que si es causado por un médico o partera, además de la prisión, se le suspenderán de dos a cinco años el ejercicio de su oficio o profesión.
También, de acuerdo con el 342, se imponen de seis meses a un año de cárcel a quien voluntariamente procure su aborto o dé su consentimiento para que otra persona le haga abortar.
Por otro lado, los casos en que no se sanciona son cuando el embarazo es a causa de una violación, si hay peligro de muerte o cuando se deba a causas eugenésicas graves, si así lo determinan los peritos médicos.
En conferencia de prensa, la mañana de este miércoles, representantes de las organizaciones Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS), el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) invitaron a cualquier mujer o persona gestante que decida abortar en Puebla puede acercarse a alguna de estas organizaciones para obtener acompañamiento de sus integrantes sin temor a ser criminalizadas. Explicaron además que esta garantía se extiende al personal médico que realice e intervenga en la operación.
Cabe recordar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia fue impugnada por el gobierno que presidía Miguel Barbosa y el actual titular del Poder Ejecutivo poblano, Salomón Céspedes Peregrina quienes desestimaron dicha oposición, lo que fue reconocido por las activistas.
Al día de hoy se encuentra despenalizado el aborto en 11 entidades, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Colima, Sinaloa y Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
SEM/MG
