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Los obstáculos de acceso a la justicia anulan los Derechos Humanos en México

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*Y a pesar del avance, millones de mujeres viven desigualdad y violencia: Dulce María Sauri Riancho

Analizan diputados y diputados la reforma constitucional  de 2011 

 Libertad López

SemMéxico, Cd. de México, 11 de junio, 2021.-  A pesar del avance en derechos humanos en México, el gran reto es el acceso a la justicia y el pleno reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, se planteó ayer en la Cámara de Diputados en mesa de análisis. Y se advirtió que sin recursos para los órganos que han de operarlos, sólo quedarán en el papel.

Ahí la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri afirmó  que en el caso del reciente proceso electoral, se tienen que analizar con todo cuidado sus resultados, “porque si bien se aplicó el principio de paridad en las candidaturas, las y los electores del país eligieron predominantemente a hombres en determinadas regiones de México”.

La ex gobernadora de Yucatán, moderó  la Primera Mesa de Diálogo “Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, organizada por los órganos directivos de la Cámara de diputadas y diputados. En la jornada, de varias sesiones, participaron  funcionarias federales y especialistas quienes examinaron  avances y retos de la protección de los derechos fundamentales.

Por su parte la embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, Subrayó que la adopción de una política de cero tolerancia al acoso laboral y de género, ha significado que México promueva candidaturas de mujeres a puestos internacionales importantes; ahora hay más embajadoras, dijo.

Agregó que “a 10 años de publicada –la reforma constitucional – y frente a la gran tarea que representa instrumentar una reforma de esta magnitud, el Gobierno de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúan incorporando progresivamente la perspectiva de derechos humanos en todos sus programas y normativas.

Se analizó la primera década de  la más grande reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, como los  numerosos obstáculos para ejercerlos, entre ellos la falta de recursos; la debilidad de algunas instituciones, como la CNDH y la falta de acceso a la justicia. Se necesita  presupuesto para hacerlos efectivos tanto como  la promoción de sus contenidos para el conocimiento de  la población.

Esta reforma, que transformó a la Constitución, incluyó claramente los derechos humanos  para  mujeres y para  hombres.

La diputada Sauri Riancho afirmó que hay  obstáculos para ejercerlos a plenitud por razón de género y las medidas para poderlos hacer efectivos tienen que ser adoptadas, “y a eso es lo que, en particular, la llamada Legislatura de la Paridad se ha dedicado en los últimos tres años”. 

Luego afirmó  que el gran problema es el acceso a la justicia para que se pueda hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y ahí agregó que  en el caso del reciente proceso electoral, se tienen que analizar con todo cuidado sus resultados, “porque si bien se aplicó el principio de paridad en las candidaturas, las y los electores del país eligieron predominantemente a hombres en determinadas regiones de México”.

En su intervención el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, adelantó, tras las elecciones que “aún sin mayorías calificadas”, hay que poner a discusión y debate, que los derechos humanos son el único campo en el que el consenso es necesario, absoluto y obligatorio. 

Narró que esta Legislatura hizo reformas constitucionales para fortalecer los derechos humanos, por lo que siguen  las comunicaciones de la Suprema Corte que indican la ruta y senderos sobre los temas que se deben trabajar.  Y anunció: “En la siguiente Legislatura deberemos trabajar muchos temas de la agenda de derechos humanos, como la autonomía personal a la solidaridad, la dignidad, el cuidado y la satisfacción de derechos de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; del medio ambiente, la paz y el desarrollo sostenible”.

Es una agenda muy progresista, dijo, que implicará acuerdos entre las fuerzas políticas. “Tenemos las bases, pero en los próximos años será necesario redoblar esfuerzos para que la dignidad humana, pilar de toda sociedad, esté al alcance de todos”.

Igualdad 

En el hilo de la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres, Sauri Riancho consideró que  el avance que representa el número de gobernadoras, eso no puede oscurecer el hecho de que para millones de mujeres en el país, lo fundamental para el ejercicio de sus derechos humanos, es el acceso a la justicia, lo que muestra  los elevadísimos grados de dificultad para ejercer los derechos humanos.

Y es verdad que tantas gobernadoras  casi va en igualdad al número de “quienes hemos tenido el honor de gobernar una entidad en la República desde 1979; se habla de 42 años, se va casi a duplicar el número”, y el problema es cuanto se refleja en todas las mujeres la llegada a posiciones de poder.

La diputada Sauri Riancho mencionó que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, tiene que ser muy consciente de que se requieren recursos para poder realizar las funciones que la Constitución y las leyes reglamentarias le asignan a las instituciones responsables de tutelar los derechos humanos de las y los mexicanos. 

El seminario fue organizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

 

Seguir fortaleciendo los derechos humanos en un diálogo 

Invitada a hablar de derechos humanos, cuando su tarea es vigilar al funcionariado,  la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, opinó  que la construcción de un Estado donde se respeten a plenitud los derechos humanos, exige que “evaluemos permanentemente el resultado de nuestras políticas públicas y el alcance de nuestro marco jurídico y normas”, para ella con las reformas de 2011, nació un nuevo bloque de constitucionalidad que “siempre favorecerá la protección más amplia de las personas, velando por el principio pro persona”. 

Luego sostuvo que  el desafío es seguir construyendo y fortaleciendo los derechos humanos en diálogo y no en  enfrentamiento entre Estado y sociedad. Reconoció que no se ha consolidado  un servicio público que asuma, respete y promueva los derechos fundamentales, como parte esencial de la ética pública y garantía de  un buen gobierno.

Derechos humanos con perspectiva de género 

La embajadora emérita  Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, refirió que la Cancillería adoptó una política exterior que amplía y fortalece los derechos humanos con perspectiva de género y afirmó  que México adoptó una política exterior feminista, lo que lo colocó como el primer  país en América Latina con esa política, luego adoptarla en Francia, Canadá, Noriega y Suecia. 

Explicó que  la política exterior feminista tiene un papel internacional de liderazgo en temas de la agenda multilateral, política exterior regional y bilateral, con impacto en la igualdad sustantiva de género; camina bajo el eje de paridad en cargos y una reforma organizacional para lograr la equidad en el ámbito profesional.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se trabaja, colectivamente, para crear un espacio laboral sin acoso ni violencia por motivos de género. Esta política de cero tolerancia al acoso laboral y de género, ha significado que México promueva candidaturas de mujeres a puestos internacionales importantes; ahora hay más embajadoras 

La ex secretaria general de la Comisión Interamericana de Mujeres expresó que  preocupa que las mujeres de poblaciones originarias desconocen sus derechos en materia de lucha contra la violencia, de herencia, escolar y social. “Aquí tenemos un problema muy fuerte y los parlamentarios pueden contribuir a que se vaya eliminando”, puso como ejemplo que continúan casos como la venta de niñas y sugirió que aquí los parlamentos podrían hacer que se cumplan los  tratados internacionales, que constitucionalmente permiten y obligan aplicarlos, en virtud de la reforma de 2011.

 

 

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