- A más de cuatro años de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH en el caso Atenco, la FGJEM debe de remitir la investigación sobre tortura sexual cometida contra las once mujeres a la FGR.
- Las mujeres sobrevivientes han dado un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia.
Redacción
SemMéxico/Ceprovysa, Ciudad de México, 4 de mayo del 2023.- A 17 años de los hechos de represión social, detenciones arbitrarias y actos de tortura -en particular tortura sexual contra mujeres- por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y a más de cuatro años de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han dado un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia.
Después de un largo e inédito litigio de casi tres años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco lograron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deba entregar la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 245/2022, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación del caso, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.
En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro PRODH iniciaron una larga batalla legal sin precedentes contra las autoridades del Estado de México para que éstas cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano. Cabe recordar que, durante estos 17 años, las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres. Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia, más recientemente negándose a remitir la investigación a FGR.
El pasado 6 de abril, la FGJEM solicitó a las autoridades judiciales una prórroga de 20 días para dar cabal cumplimiento a la resolución judicial, debido a la “complejidad del asunto y voluminosidad del expediente”. En respuesta, el Juzgado encargado de la ejecución de la sentencia únicamente le concedió 10 días para la entrega de la investigación, sin que hasta hoy se haya notificado a las sobrevivientes si esto se ha cumplido.
Tras la confirmación de la remisión del total de la investigación a la FGR, ahora esta entidad está obligada a conducirla de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales; con la participación activa de las mujeres sobrevivientes y sus representantes, tal y como lo ordenó la Corte IDH.
La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de la mayor relevancia, no sólo para poner fin a 17 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste, como reconoció recientemente el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual que publicó la Secretaría de Gobernación. En este sentido, es alarmante y ominoso que a cuatro años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, específicamente en cuanto al acceso a la justicia.
SEM/MG
