SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Unos 30 mil niños y niñas huérfanas, así como otros más de 600 menores que viven con sus madres en centros penitenciarios constituyen la otra infancia mexicana, por lo que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó diversos dictámenes para implementar políticas públicas y acciones que buscan favorecer su condición de vulnerabilidad.
Primero, el pleno avaló exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas públicas relacionadas al uso de espacios adecuados, para la estancia de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
Con ello, también solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre las acciones que se han llevado a cabo, hasta el momento, para atender las recomendaciones y observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto de las condiciones que afectan el desarrollo integral de la población infantil en los Centros Penitenciarios del país.
El dictamen aprobado por el Pleno indica que de acuerdo al Informe Especial sobre las hijas e hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, realizado por la CNDH, al mes de agosto de 2016, se tuvo registro de que en 30 de las 32 entidades federativas y en un Centro Federal, había una población total de 618 niños y niñas, dato que confirma que la población infantil en los Centros ha aumentado de manera progresiva, de tal forma que casi se ha duplicado en cuatro años.
El mismo informe detalla la persistencia de condiciones que dificultan la vida digna y segura, así como situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad.
Por tanto, las y los legisladores destacaron la necesidad de buscar mecanismos y políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios del país, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a una estancia digna de las hijas e hijos de las mujeres que purgan una condena por algún delito.
30 mil niñas y niños viven en casas hogar
Por otra parte, la Comisión Permanente también hizo un llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en coordinación con los gobiernos locales, continúen instrumentando acciones que optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de adopción en el país.
La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, precisó que 30 mil niños y niñas viven en albergues, casas hogares, orfanatorios públicos o privados o se encuentra en espera de ser adoptados. El 77 por ciento tiene entre 7 y 17 años.
Ante la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes huérfanos en el país, es indispensable generar entre la sociedad una cultura de la adopción, por medio de la cual se den a conocer los múltiples beneficios para aquellos que se han visto privados de la protección de una familia.
El dictamen destaca que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones 700 mil censados en toda Latinoamérica.
Se señala que a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales, la figura de la adopción en México es compleja, ya que la edad de los niños se convierte en factor clave que posibilita o inhibe el proceso. Los niños y niñas menores de ocho años presentan mayores posibilidades de ser adoptados, en comparación con los mayores de nueve o jóvenes menores de 18 años, que esperan también ser acogidos por una familia.
La adopción es un esquema que transforma no solo la vida de los adoptantes que se convierten en padres o madres, que por diversas circunstancias no tienen hijos con parentescos biológicos, sino también de los niños, niñas y adolescentes que, por razones excepcionales, no son parte de un núcleo familiar, puntualiza el documento.
Finalmente, la diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, afirmó que es necesario flexibilizar los procesos de adopción en el país, ya que debido al sistema burocrático para realizarlos, es que el número de niñas y niños adoptados es mínimo, “debemos garantizar las posibilidades para que el derecho a tener una familia se cumpla”.
