Esos casos, según expertas, prueban que las autoridades de Salud están fallando en aplicar la Norma 046 y la Ley General de Víctimas, que establecen que las víctimas de violencia sexual deben recibir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2019.- Durante 2018 se registraron en todo el país casos de 50 niñas de sólo 10 años de edad que dieron a luz, y un total de 10 mil 298 de entre 11 y 14 años que también tuvieron que convertirse en mamás, de acuerdo a cifras del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) de la Secretaria de Salud.
De acuerdo con Rebeca Lorea, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), todos esos casos de niñas embarazadas deben considerarse violaciones, porque a esas edades no se puede afirmar que hubo consentimiento.
Esos casos, según expertas, prueban que las autoridades de Salud están fallando en aplicar la Norma 046 y la Ley General de Víctimas, que establecen que las víctimas de violencia sexual deben recibir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
GIRE ha documentado que a pesar de que es obligación del personal de salud en todo el país proporcionar información y servicios de interrupción del embarazo producto de una violación sexual, no proporcionan estos servicios por desconocimiento de la legislación vigente, y prejuicios por parte del personal de salud.
El pasado mes de junio se presentó un caso en Jalapa, capital del estado de Veracruz, de una niña de 11 años de nombre Jimena que quedo embaraza a causa de una violación.
La madre denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, quien cumplió con girar los oficios a la Secretaria de Salud, instancia que se negó a aplicar la ILE.
De acuerdo a Eufonía, la asociación civil que asumió la defensa legal de la niña, la Secretaría de Salud decidió no practicar laILE porque el desarrollo del embarazo superaba los 90 días que establece el Código Penal de Veracruz. Jimena comenzaba el segundo trimestre.
Equifonía espera que el Estado vigile que la niña tenga el mejor acceso a la salud posible para enfrentar lo que le queda de gestación, y el nacimiento del bebé, ya que considero que es más riesgoso llegar al parto que tener un aborto en las condiciones en las que ella estaba.
El embarazo durante la adolescencia constituye una cuestión de salud pública y derechos humanos que se asocia con riesgos en materia de salud tanto para las adolescentes como para sus hijas e hijos, señala el informe de GIRE, La pieza faltante.
Agrega que puede obstaculizar su desarrollo psicosocial, repercutir negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, así como contribuir a perpetuar ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud.
El informe también señala que en 2017 a nivel nacional se registraron más de 9 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Ese mismo año nacieron, en promedio, dos hijos de niñas de entre 10 y 11 años, cada día.
La Norma 046 garantiza el acceso a la ILE a las mujeres que las soliciten, y si ya tienen 12 años basta con que presenten un escrito solicitando el servicio.
Sin embargo, esa norma también prevé la figura de “objetor de conciencia”, a la cual pueden acogerse los doctores que no quieran participar en una interrupción de embarazo.
En el hospital donde fue llevada Jimena sólo hay un médico no objetor de conciencia.
De acuerdo con la normativa vigente, basta una solicitud bajo protesta de decir verdad de que el embarazo es producto de una violación para acceder al servicio de aborto y, a partir de los 12 años, las adolescentes pueden solicitarlo sin necesidad de la compañía de madre, padre o tutor.
Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse requisitos adicionales, como una denuncia o una autorización por parte del ministerio público. Además, se imponen obstáculos injustificados, por ejemplo, la falta de personal médico o de equipamiento para practicarlo.
El desconocimiento de las autoridades respecto a sus obligaciones deriva en violaciones a los derechos humanos de las niñas y mujeres que solicitan dichos servicios.
De 2012 a septiembre de 2018, GIRE acompañó 38 casos en donde hubo negación de servicios de aborto seguro, de los cuales 26 eran de menores de edad que fueron violentadas sexualmente, como “Jimena”.
En respuesta a una solicitud de información realizada el 7 de junio, la Secretaría de Salud de Veracruz informó que no tiene presupuesto asignado a la capacitación de médicos no objetores de consciencia, que estén dispuestos a practicar las ILES.
Rebeca Lorea, abogada de GIRE, considera que lo que ocurre en Veracruz está generalizado en el resto del país, pues realizan monitoreos constantes a la aplicación de la Norma 046, y han encontrado opacidad en las respuestas de las dependencias estatales.
Veracruz y el Estado de México son las entidades con más partos de niñas de 10 años en 2018, con seis casos cada uno, le siguen Coahuila y Puebla, con cuatro.
Durante ese mismo periodo el Estado de México encabeza la lista de partos de niñas menores de 14 años, le siguen Veracruz, Puebla, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.
El panorama en México muestra que el embarazo en niñas y adolescentes se relaciona con diferentes factores, incluyendo los altos índices de violencia sexual y la falta de acceso a servicios para víctimas, así como la brecha entre el conocimiento general y funcional de métodos anticonceptivos entre las personas jóvenes.
