Elizabeth Castro
SemMéxico, 26 de octubre 2020.- En julio Alejandro Murat anunció que había presentado ante el Senado una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyos ejes eran “1) el fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5) la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de justicia en México”.
La propuesta de Murat se presentó meses después de una fatídica tragicomedia protagonizada por el Fiscal General de la República, quien tuvo que desligarse de las filtraciones realizadas días antes de que presentara su propuesta de (contra) reforma ante los órganos legislativos del país. Lo que Gertz Manero intentó a principios de 2020 fue mermar los avances del sistema de justicia penal formulado en 2008, promoviendo principios retrógrados que atentaban contra la presunción de inocencia -máxime del sistema penal- y pretendían traer de vuelta prácticas arcaicas que habían contribuido a la impunidad, la violación de derechos, la tortura y la corrupción.
El ánimo reformista del Fiscal no pudo hacer frente a las críticas de quienes consideraban que el sistema de justicia en México no requiere reformas que atenten contra su consolidación, sino compromisos reales y tangibles que abonen a la procuración e impartición de justicia en el país; los cuales deberían considerar los problemas financieros y estructurales que aquejan a las instituciones y su personal; en este sentido llama la atención que Alejandro Murat haya decidido sumarse a las ideas de “legislando se acaba el problema”, cuando los números que presenta México Evalúa en su informe “Hallazgos 2019”, hablan de las carencias y deficiencias que el sistema de justicia oaxaqueño enfrenta.
De acuerdo con datos del informe, en Oaxaca el promedio de personas imputadas por defensor(a) público es de 556 cifra que supera el promedio nacional de 163 imputados por defensor público. Además, por cada 100 mil habitantes Oaxaca cuenta con 2.76 policías ministeriales o de investigación; 11.33 fiscales o MP y 1.54 peritos, el promedio nacional de cada uno de ellos es de 9.93, 9.60 y 2.37 respectivamente. Es decir, en Oaxaca la cantidad de personal es insuficiente para atender de manera óptima a la ciudadanía.
Además, en el índice de impunidad, el cual mide este fenómeno a través de la inefectividad de las instituciones de procuración e impartición de justicia en la atención de los casos que conoce y cómo los resuelven, Oaxaca se encuentra en la posición 21 de 32, con un 92.3 por ciento de impunidad en 2019; y por si esto fuera poco en nuestra entidad solo el 4 por ciento del presupuesto de egresos se destinó al sector de justicia.
El gobernador y el Fiscal del Estado se han dedicado a hablar de los avances que hay en Oaxaca, hablan de la lucha contra la inseguridad, e incluso se ufanan en foros nacionales donde promueven al décimo estado más seguro del país. Un estado… donde la impunidad es la constante y la justicia un sueño, basta con hablar con las víctimas y sus familias, basta con mirar a nuestro alrededor.
Antes de volver a presentar propuestas, Murat debería recordar que el buen juez por su casa empieza, digo ahí está Hageo Montero ¿O no, Gobernador?
