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Organizaciones emplazan al gobierno a establecer un mecanismo de interlocución

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  • UNT, FASU y ENADI realizan hoy jornada de movilizaciones en distintas plazas públicas del país
  • Llaman a construir un nuevo régimen, político, económico y social que garantizar una mejor calidad de vida

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 31 de enero, 2022.- La UNT, el FASU y el ENADI emplazaron, de nueva cuenta, al gobierno federal a establecer un amplio dialogo social cuyo primer paso es instalar de inmediato una mesa de trabajo para encontrar vías de solución a los conflictos sociales en curso y establecer mecanismos de interlocución permanente que, como el Consejo Económico y Social de Estado, permitan construir los consensos necesarios entre la sociedad y el Gobierno para superar la crisis.

“La reciente crisis ha demostrado que nuestro país necesita establecer las bases de un nuevo modelo de desarrollo mucho más incluyente a fin de revertir la inseguridad, la desigualdad y la exclusión social que han prevalecido por décadas”.

Señalan en un pronunciamiento organizaciones obreras, campesinas, de la economía social solidaria y civiles agrupadas en la Unión Nacional de los Trabajadores, (UNT), el Frente Amplio Social Unitario, (FASU), el Encuentro Nacional de Dirigentes, (ENADI) y otros referentes sociales fraternos realizan diversas manifestaciones en plazas públicas del país para exigir una mesa de diálogo y resolver conflictos sociales acumulados.

Se trata de construir un nuevo régimen, político, económico y social capaz de garantizar una mejor calidad de vida para la población mexicana, así como una mejor inserción de nuestra nación en el nuevo entorno tecnológico, comercial y productivo del mundo, tomando en cuenta la experiencia acumulada por nuestro país a lo largo de su historia en la que la revaloración del trabajo y de nuestros recursos humanos siempre ha sido la mejor opción de desarrollo.

Plantean que son necesarias políticas públicas para afianzar la democratización del mundo del trabajo, generar empleos dignos erradicando la tercerización y los contratos de protección patronal, promover la recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales, modernizar la planta productiva, impulsar el desarrollo agropecuario, pesquero y forestal con la participación de las comunidades.

Así como proteger los derechos humanos, sociales y labores  en todos los ámbitos y recuperar la soberanía de la nación sobre sus sectores productivos y de servicios estratégicos como el energético; es preciso, en consecuencia,   impulsar la reforma que está discutiendo el legislativo y  fomentar la inclusión social y digital, a través de la recuperación de la rectoría estatal sobre la economía.

Y sostienen que otra alternativa es el desarrollo de la economía social solidaria puesto que la promoción de cooperativas y empresas sociales puede contribuir a contrarrestar el desempleo y coadyuvar a lograr impulsar la producción nacional de productos, bienes y servicios en varios ámbitos recuperando el espíritu original de los artículos 25, 26, 27, 28 y 123 de nuestra carta magna que las sucesivas reformas privatizadoras han desvirtuado.

Durante la emergencia sanitaria se han recrudecido las presiones para que las y los trabajadores aceptemos recortes a nuestros derechos y puestos de trabajo como se demuestra en los casos del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de los sectores del aerotransporte, la cultura, la educación y la energía, entre otros.

Califican de alarmante el incremento de conflictos agrarios originados por la imposición de megaproyectos, el fortalecimiento del caciquismo, la militarización y el predominio de la delincuencia organizada en diversas entidades del país, lo que pone en predicamento los territorios de las comunidades del campo como lo han denunciado la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN), el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Frente Popular Francisco Villa M.S. XXI.

En un pronunciamiento puntualizan el estancamiento y falta de voluntad política en las investigaciones relativas a la violación de derechos humanos fundamentales como los feminicidios, los asesinatos por motivos políticos, y ponen como ejemplo, los casos de Tomás Martínez Pinacho, Manuel Pérez Cartas del FPR y Noé Jiménez Pablo de la CNPA MN, o las desapariciones forzadas como sucedió con los normalistas de Ayotzinapa y numerosos activistas sociales.

Tras ese reclamó, las organizaciones convocantes a las movilizaciones de este día, exigen castigo para los responsables por los recientes asesinatos de periodistas.

Las y los trabajadores del campo y la ciudad de ninguna manera podemos aceptar que por medio de estas acciones se nos quiera convertir en los principales damnificados de la crisis económica asociada con la pandemia.

Por el contrario, asumimos que está puede representar una oportunidad para materializar el mandato de cambio de la economía política neoliberal por el que hemos venido luchando desde hace años y que la ciudadanía expresó en los comicios federales del 2018 y 2020.

Para ello proponen la aplicación de una reforma fiscal progresiva y multianual que considere recursos etiquetados para fortalecer los programas sociales, fomentar la producción agropecuaria y sustentar tanto al sistema público de salud y seguridad social como a la educación.

Además del fomento del empleo formal; la ampliación de la infraestructura productiva; la inclusión digital y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, todo ello con el propósito de cerrar la brecha que separa a las regiones mas atrasadas del país de las mas desarrolladas y a los ciudadanos mas desfavorecidos de los mas pudientes.

Consideran indispensable eliminar el uso de las UMAS (Unidad de Medida y Actualización) para el cálculo de las pensiones de la planta trabajadora, porque incide en el empobrecimiento de las personas jubiladas actuales y futuros.

Piden se asuma el “gran reto” que dejó la pandemia: la construcción de un sistema de salud y seguridad social públicos integrado, de cobertura universal y de carácter solidario pues los sistemas de salud privatizados han mostrado su inoperancia ante contingencias como la que actualmente se vive en todo el mundo.

Quienes integran la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI) consideramos que, ante el repunte de la pandemia del Covid 19, la inminente reanudación de las distintas actividades productivas debe realizarse respetando plenamente la salud y la seguridad de los trabajadores por lo que las empresas y dependencias de gobierno involucradas deben apegarse escrupulosamente a los lineamientos de la sana distancia acordando bilateralmente los protocolos necesarios.

Hacen un llamado para establecer las condiciones para  garantizar que la actual etapa de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral cuyo núcleo central es la legitimación de los contratos de trabajo, se lleve a cabo con total apego a los principios de legalidad, transparencia y respeto a la libertad de asociación sindical que estipula la ley reglamentaria de la misma, evitando en todo momento la injerencia indebida de la parte patronal y ciertos actores políticos que solo  buscan socavar, dividir y someter a los trabajadores para su propio beneficio.

SEM/sj

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