Más de un centenar de organizaciones han participado en la elaboración de la propuesta que fue presentada públicamente este miércoles y que gravita sobre un objetivo central: prohibir cualquier tipo de actividad económica que implique la explotación sexual de mujeres y niñas
Redacción
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 21 noviembre. 20. Más de un centenar de mujeres y organizaciones feministas del Estado español han participado en la elaboración de la llamada Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, presentada públicamente el miércoles, y que se basa en el objetivo de prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de mujeres y niñas y penalizar a proxenetas y a puteros.
La iniciativa nació en noviembre del año pasado impulsada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) y ha seguido fraguándose en un proceso en el que se han implicado numerosas organizaciones del Estado español. Este miércoles, con el horizonte del 25N asomando, se ha presentado a la opinión pública en un acto virtual en el que participaron cerca de 400 mujeres y asociaciones españolas y de países como Argentina, Australia o Filipinas.
La presentación comenzó con la lectura colectiva de fragmentos de la Exposición de Motivos y de artículos del Capítulo Primero de la Ley y continuó con la intervención de una de las portavoces de la Plataforma, Rosario Carracedo. “Es primordial concienciar a la sociedad y a los poderes públicos, de que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres que atenta contra sus derechos fundamentales”, destacó al comienzo.
La ley consta de 25 artículos y 13 disposiciones adicionales y tendría efecto en el conjunto del Estado. Se ha inspirado en la ley francesa aprobada hace dos años y en la ley sueca, entre otras. La portavoz de la plataforma explicó que el texto se estructura en tres ejes: el primero, garantizar a las mujeres en prostitución la amplia gama de derechos de esta ley y de otras concurrentes con independencia de su origen geográfico; el segundo, desmantelar la industria de la explotación sexual y, el tercero, desincentivar la demanda, es decir, penalizar al putero.
Que denunciar no sea una obligación para acceder a los derechos
En cuanto al primer eje, la propuesta enfatiza la protección de las mujeres en situación de prostitución, a las que excluye de cualquier responsabilidad y les garantiza el mismo marco de protección, asistencia y acceso a la justicia que el que tienen las víctimas de violencia de género. Considera la prostitución como una «violencia extrema» hacia mujeres y niñas y propone la reforma de la ley contra la violencia de género de 2004, para incorporar en ella la prostitución como una forma de violencia, lo que según las organizaciones es «una reivindicación histórica del feminismo».
Igualmente se ha incorporado una variedad de formas de reconocimiento de la situación de prostitución, para que no tenga una sola fuente de acreditación y que no derive únicamente del sistema de justicia penal. Así, la propuesta defiende que el acceso de las mujeres prostituidas a la protección y programas socio-laborales no puede estar ligado a su colaboración en la lucha contra el delito, ni con la obligación de interponer una denuncia previa.
El segundo eje está enfocado al desmantelamiento del proxenetismo, de la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas. Entre las modificaciones legales propuestas, plantea implantar la tercería locativa, es decir, criminalizar a quienes confinan y acuartelan a las mujeres para explotarlas sexualmente en espacios cerrados. También apuesta por modificar otras disposiciones vigentes para volver a penalizar el proxenetismo, algo que suprimió la reforma del Código Penal de 1995. Ese es uno de los motivos que explica que “España sea uno de los principales lugares, no sólo del tránsito de mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual, sino en uno de los prostíbulos de Europa”, según explicó Carracedo durante la presentación.
El tercer eje de la propuesta gravita en el objetivo de “sancionar penalmente a los puteros y a los proxenetas, ya actúen individual o colectivamente”. El texto contempla, además, medidas de sensibilización a través del sistema educativo y de los medios de comunicación, así como formación especializada para todas las personas que intervengan en el desarrollo de la ley. Para llevar todos estos objetivos adelante, se establece una dotación presupuestaria anual.
Al tratarse de una ley orgánica no puede presentarse como Iniciativa Legislativa Popular y debe pasar por el Gobierno y el Legislativo. La Plataforma para la Abolición de la Prostitución (PAP) ha solicitado en dos ocasiones, sin éxito, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien las ha remitido al Ministerio de Igualdad. En adelante, acudirán a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Igualdad para tratar de que el texto y salga adelante.
