- Informan a ese organismo sobre la negativa para aplicar la N046, a pesar de la violencia sexual a niñas menores de 18 años
- Proponen al Gobierno Federal y a las Estatales acciones para erradicar la violencia contra las mujeres
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México.9 de marzo 2021.- En el marco del Día Internacional de la Mujer diversas organizaciones civiles, plantean cifras y circunstancias, sobre la gravedad que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes del país.
Afirman que en 2020 fueron asesinadas 3 mil 752 mujeres, solo el 26 por ciento de los casos se investigaron como feminicidio. Son asesinadas con saña 30 de cada 100 mujeres ahorcadas, sofocadas, ahogadas, quemadas, golpeadas con algún objeto o herida con un arma punzo cortante, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El documento firmado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. y Justicia Pro Persona, afirman al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU que en México en lo federal, estatal y municipal, los gobierno realizan acciones que siguen siendo insuficientes, por lo que la integridad de las mujeres mexicanas está en un constante riesgo.
Demandan a las autoridades tomar acciones frente a las violencias contra las mujeres, para que en los niveles federal y estatales garanticen la implementación efectiva de la NOM 046, para atender a víctimas de violencia familiar y sexual. De modo que éstas garanticen la interrupción legal del embarazo producto de una violación sin que haya una denuncia previa.
Al Poder Legislativo le piden modifique los marcos normativos que son discriminatorios contra las mujeres, los cuales han sido denunciados en las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM por Agravio Comparado, para los estados de Veracruz y Guerrero, pero hasta la fecha, los congresos de esas entidades se han negado a modificar.
Refiere que el estado mexicano no puede desaparecer la tipificación del delito de feminicidio pues ubicarlo como una agravante al delito de homicidio significa un retroceso a los derechos de las mujeres.
Consideran necesario que las modificaciones al Código Penal Federal o la creación de un Código Penal Único incorporen las razones de género objetivas, a fin de que el delito pueda acreditarse de manera eficaz.
Se investigue con perspectiva de género y que toda muerte violenta de mujeres sea investigada de inicio como feminicidio, en cumplimiento a la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Garantizar que los Protocolos de Investigación del delito de feminicidio estén actualizados al nuevo Sistema de Justicia Penal, incorporen un enfoque diferencial, étnico o multicultural, además de la debida diligencia, perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos.
Exhortan al Poder Ejecutivo y Legislativo modifiquen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para evitar los vacíos legales, así como para que se precise el procedimiento de dicho mecanismo y se considere la participación de la sociedad civil a fin de evitar la discrecionalidad.
Construir una metodología para la elaboración de Dictámenes de evaluación con indicadores de medición. Estos Dictámenes deben ayudar a identificar las fallas y los avances en la implementación en coordinación con las autoridades del estado evaluado.
Crear un mecanismo que dé seguimiento a las medidas dictadas a través de las AVGM, para impulsar su cumplimiento inmediato y eficaz, donde participe sociedad civil. Deben establecerse indicadores de evaluación para medir resultados e impactos que mejoren la atención, prevención y sanción de la violencia.
Priorizar la realización de las reformas legislativas dictadas a través de las AVGM que son necesarias para evitar que se siga menoscabando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
