Mujeres

Países de la región deben eliminar los obstáculos al derecho al aborto

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  • En carta pública, CLADEM llama a garantizar los métodos anticonceptivos
  • Destaca los avances de México y Argentina y lamenta lo que sucede en otras naciones

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 28 de septiembre, 2021.- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, exigió hoy a los Estados de la región eliminar todos los obstáculos que impiden el derecho al aborto legal y seguro, incluidas las leyes restrictivas y discriminatorias.

Abordar y eliminar todos los obstáculos que impiden el acceso al aborto legal y seguro en los países donde es legal; garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Incorporar la mifepristona y misoprostol en la lista de canasta básica de medicamentos.

Avanzar en la implementación de la educación integral en sexualidad con enfoque de derechos humanos y en la sensibilización de género de los equipos de salud y de justicia.

En una carta pública, CLADEM destaca los avances en México y Argentina, los cuales contrastan con las medidas adoptadas en los Estados Unidos para restringir el derecho a decidir de las mujeres. En México, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el Estado de Coahuila. Este fallo histórico abre el camino para la despenalización del aborto en todo el país, que hasta el momento sólo se ha logrado en cuatro entidades federativas.

Mientras que, en Argentina, en 2020, se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que permite la práctica legal del aborto hasta la semana 14, plazo después del cual sólo aplican los supuestos para la interrupción legal (ILE).

Lo contrario sucede en el Estado de Texas que prohibió la prestación de servicios de aborto después de la sexta semana de gestación, permitiendo además que la ciudadanía emprenda acciones legales contra las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.

El Congreso de Honduras aprobó, en enero de este año, una reforma constitucional para clausurar el debate social sobre la interrupción legal del embarazo y blindar la prohibición del aborto de modo definitivo. Sin embargo, en septiembre de 2021 la Corte Constitucional aceptó la revisión de la despenalización del aborto.

La interrupción del embarazo continúa completamente penalizada en seis países de nuestra región: El Salvador, Rep. Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. En estos contextos restrictivos, las mujeres son procesadas por homicidio inclusive por abortos espontáneos.

El pronunciamiento se da este #28S Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que este año como el anterior se conmemora en medio de una crisis sanitaria que no hemos superado, con impactos ocasionados en todos los órdenes de la vida social y que feministas han señalado en dos aspectos fundamentales los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Además de un incremento en las violencias, incluida la sexual, y sobre las crecientes dificultades para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

En América Latina y el Caribe, los niveles de violencia contra las mujeres ya eran preocupantes previo a la pandemia. Con los sistemas de salud saturados para atender los efectos de la pandemia, la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva se vieron impactados, incluido el acceso a la anticoncepción moderna, la atención a la salud materna y a la interrupción del embarazo (en los países donde la práctica es legal por causales o por plazos).

Una de las consecuencias previsibles del incremento de violencia sexual en niñas y adolescentes en este periodo son los embarazos infantiles y en adolescentes. Los hogares siguen siendo lugares poco seguros para ellas. Por otra parte, los riesgos de muerte materna se incrementaron en toda la región vinculados a la escasez o ausencia de controles pre-natales, así como a la probable multiplicación de las prácticas inseguras de aborto en este contexto, señala el pronunciamiento.

SEM/sj

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