- Norma Julieta del Río Venegas celebró que el órgano garante del derecho a la protección de datos personales decidiera, por unanimidad, interponer la Acción de Inconstitucionalidad.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de marzo del 2023.- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) encontró que ciertas disposiciones del decreto de reforma electoral conocido como el “Plan B” pueden vulnerar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información por lo que acordaron interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que se hará en los próximo días.
La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que el INAI siempre ha sido responsable en el uso de su facultad para interponer medios de control constitucional y, en el caso del “Plan B”, se determinó acudir ante la SCJN, porque se advirtió una probable vulneración al derecho a la protección de datos personales de la sociedad mexicana.
“Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien delibere sobre los alcances de dichas consideraciones y seremos respetuosos de los procesos y de la resolución de nuestro Máximo Tribunal”, acotó.
Entre los conceptos de invalidez identificados por el INAI en tales leyes, destacan, que:
Vulnera los principios de finalidad, seguridad jurídica, licitud, lealtad y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales, la introducción de la figura del “flujo de información institucional”, que permite que toda información disponible sea consultada por organismos públicos y partidos políticos, incluso aquella clasificada como reservada o confidencial.
La instalación de los Módulos de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores en bienes de dominio público, podría incidir de forma negativa en el cumplimiento de los deberes de confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales.
La posibilidad de inscripción de personas mexicanas que residan en el extranjero en el Padrón Electoral, sin la necesidad de contar con credencial para votar y por validación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vulnera el deber de seguridad de los datos personales, en tanto se afecta la integridad del Padrón Electoral; y la intervención de dicha dependencia en el alta de ciudadanas y ciudadanos en dicho padrón vulnera los principios de finalidad, seguridad, licitud y seguridad jurídica.
Que no sean sancionados el tratamiento indebido de datos personales como en el caso de un ciudadano/a afiliado a un partido político sin su consentimiento, ya que el INAI es la única autoridad que puede determinar si existió o no una vulneración en materia de datos personales y buscar, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expuso que los planteamientos de esta reforma colocan en presumible riesgo la integridad del Padrón Electoral, un asunto que le atañe al INAI como la máxima autoridad administrativa, con reconocimiento constitucional en materia de protección de datos personales.
La comisionada Josefina Román Vergara destacó que los cambios a la norma electoral implicarán un tratamiento de datos personales por parte de diversos responsables, lo cual deberá ser observado tanto por las autoridades que velan por la protección de los datos personales y la privacidad, es decir, el INAI y los organismos garantes de los estados, así como por las autoridades electorales.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez advirtió que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales podría incidir de manera negativa en los procesos de recopilación de información y tratamiento de datos personales recabados por el INE sobre cada persona, debido a que en los módulos de atención ciudadana existe un acervo importante de datos personales de carácter confidencial y sensible.
Norma Julieta del Río Venegas celebró que el órgano garante del derecho a la protección de datos personales decidiera, por unanimidad, interponer la Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN; asimismo, destacó la iniciativa del Consejo Consultivo del INAI, quien sugirió que el Instituto acudiera al Máximo Tribunal del país.
SEM/MG
