Congreso

Punto de Acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de María del Sol Cruz Jarquín

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Se demanda al gobierno del Estado y del municipio garanticen la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México.5 de junio de 2019.- Ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó la diputada Lorena Villavicencio Estrada, de la fracción parlamentaria de Morena, el punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso y garantice el derecho a la justicia en el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido el 2 de junio del 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.  

Además de que la Fiscalía General de la República atraiga de manera urgente el caso para evitar la prevalencia de la impunidad, se demanda se inicie una investigación pronta y expedita que dé con los autores materiales e intelectuales, a fin de aplicar la sanción correspondiente  y garantice la no repetición de los hechos. 

En el Punto de Acuerdo, también se exige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, al gobierno del Estado de Oaxaca y al municipio de Oaxaca de Juárez, que garantice la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar, investigue y sancione las agresiones en su contra.    

A las autoridades electorales, den seguimiento a la carpeta de investigación iniciada y al cumplimiento de las sanciones impuestas a las autoridades. 

Tras señalar que es muy grave la violencia política que se ejerce en los casos de feminicidio, y en particular en este caso, la diputada Lorena Villavicencio, expresó su apoyo y solidaridad a la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, en la búsqueda de justicia, pues a un año de los acontecimientos, el hecho se mantiene impune. 

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que no se tiene confianza en las autoridades de Oaxaca, dado que a un año de los hechos no ha habido avances, razón por la que se solicita a la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso. 

Se precisó que la Fiscalía estatal, a pesar de que el 28 de agosto detuvo a uno de los presuntos feminicidas, este fue puesto en libertad el 4 de septiembre, cinco días después, a pesar de las pruebas existentes. 

La joven de 27 años, fungía como Jefa de Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la Dirección de Fortalecimiento Cultural e Interculturalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Indígena, adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), cuyo titular era Francisco Javier Montero López.

De manera ilegal comisionó a María del Sol a cubrir la campaña electoral de su hermano: Hageo Montero López, candidato a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca. En ese marco la fotoperiodista fue asesinada junto con la candidata a concejala Pamela Terán Pineda y el joven Adelfo Guerra Jiménez. 

A pesar de la queja en materia electoral y después de un largo procedimiento y de pasar por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras dos apelaciones, dicha sala consideró que se trata de una conducta especialmente grave e impuso una multa al ex candidato Hageo Montero López de $90,691.60 sin que hasta la fecha se haya realizado.

A ese contexto se suma las agresiones y amenazas – incluida la amenaza de muerte- a la periodista feminista Soledad Jarquín Edgar, quien desde el primer momento inició la búsqueda de justicia para su hija.

Por su parte, la periodista Soledad Jarquín, señaló que la investigación del feminicidio de su hija se pide se trate como feminicidio, y también se considere como un crimen político de género, toda vez que siguió una práctica de actuar a favor de un partido, en este caso el PRI, lo que es un delito electoral. 

Respecto a sus demandas de justicia y manifestaciones públicas realizadas en Oaxaca a un año del feminicidio de su hija, y afuera de la fiscalía local, dijo que la respuesta del fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Beltrán ha sido la de señalar que la periodista tiene otros intereses. Cuando la Fiscalía de Oaxaca a un año no tiene nada en concreto. 

Al respecto la diputada Lorena Villavicencio recalcó, que se pide justicia en este caso particular, porque además del feminicidio hay un delito de violencia política por lo que tiene que ser la Fiscalía General de la República la que inicie la investigación. 

Soledad Jarquín, también a pregunta de los reporteros sobre si había tenido acercamiento con el gobernador Alejandro Murat, indicó que al principio se comprometió a garantizar el cumplimiento de la justicia, pero conforme pasaron los meses se vio que no fue así.

Además de que hay relación entre los Murat y los Montero López de negocios, compra de terrenos y energía eólica, por lo que no es posible que vaya a acusar a unos de sus funcionarios.

Por una homologación de tipo penal único para feminicidios, Lorena Villavicencio 

Por esta situación, la diputada morenista reiteró su compromiso en trabajar por la legislación de la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, sumado a los trabajos del impulso de un código penal único. 

Así como el impulso de legislación para tipificar la violencia institucional principalmente en contra de las víctimas de violencia.

Desde la subcomisión para casos de feminicidios de la cámara de diputados que preside y de la mano de la sociedad civil así como con familiares de las víctimas y organismos en materia de DDHH, informó que ya se analiza la posibilidad de impulsar la Ley General para la prevención, atención, investigación y sanción de los feminicidios en México.

Por lo que dijo, es urgente la erradicación de la ruta de la impunidad enunciando las prudenciales características de ésta.  

Resistencia a realizar investigaciones relacionadas a delitos cometidos por razones de género. Así como la revictimización y violencia institucional. Mal manejo del hallazgo y pérdida de la evidencia. Inconsistencia de dictámenes periciales. Falta de análisis de contexto. Violación a los derechos de las víctimas.

Inexistencia de mecanismos efectivos de supervisión, evaluación y sanción de servidores públicos y Ausencia de perspectiva de género en resoluciones del poder judicial

La diputada Lorena Villavicencio Ayala tras afirmar que “no queremos ni una asesinada más” aseguró que los feminicidios pueden prevenirse, por lo que manifiestó la preocupación por el cierre definitivo que gradualmente se ha venido dando en torno a los refugios y casas de emergencia para mujeres víctimas de violencia. 

Advirtió que es sumamente grave que entre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio se esté documentando que en lo que va del año se oscila entre los 1150 y 1200 feminicidios en lo que va del 2019, que es lo que se tiene documentado.

Está grave situación de violencia contra las mujeres tienen variables aterradoras como el incremento del feminicidio infantil, la relación entre feminicidio y crimen organizado, así como las desapariciones con fines de esclavitud sexual y posterior asesinato, mismas que deben ocupar al estado mexicano y a todas sus instituciones en materia de prevención, atención, investigación y sanción para su erradicación.

La legisladora, acompañada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y observantes de la violencia feminicida, en conferencia de prensa, expresaron su indignación porque no hay avances en la investigación y se comprometieron a estar atentas de las acciones y omisiones de las autoridades federales, estatales, municipales y autónomas, para que este caso no quede en la impunidad. 

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