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Reformar la justicia civil familiar para garantizar los derechos humanos en controversias familiares

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Crear el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares propone senador Ricardo Monreal Ávila

Busca una justicia cotidiana ágil y eficiente, con perspectiva de igualdad

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 2 de diciembre 2021.- Para dar a las mujeres y hombres una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar, con la homologación de los procedimientos en todo el territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Julio Menchaca Salazar, de Morena, presentaron la iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares.

Monreal Ávila y Menchaca Salazar definen en la iniciativa condiciones de igualdad entre las personas justiciables que eviten discriminación; procedimientos y mecanismos judiciales orales, sencillos y efectivos para resolver conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios; así como criterios jurídicos que garanticen mayor protección a los derechos humanos. 

Además, se sustenta en un sistema de impartición de justicia oral, que aprovecha las herramientas de la tecnología de la información para garantizar mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos. 

Los senadores explicaron que la justicia cotidiana está encaminada a resolver los conflictos del día a día, atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana, pero esto sólo puede lograrse con instituciones fortalecidas, con procedimientos homologados y con criterios uniformes.

Se detalla en los argumentos que la diversidad de normas contenidas en los códigos procesales de cada uno de los estados, y del ámbito federal, ha generado diversos obstáculos, por reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas, a veces contradictorias entre sí, en relación a un mismo procedimiento o conflicto. 

Para la ciudadanía el sistema de justicia civil y familiar, en donde el papel y la integración de expedientes es el común denominador, resulta lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, ya que los procesos suelen ser largos, tediosos, fríos e infructuosos para resolver el problema planteado ante los órganos jurisdiccionales. 

Además, el sistema de justicia basado exclusivamente en procesos escritos no está a la altura de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, que busca resolver los conflictos en forma eficaz y eficiente.   

El proyecto consta de 894 artículos y once libros, ordenados progresivamente con las denominaciones “Del Sistema de Impartición de Justicia en materia Civil y Familiar”; “De la competencia objetiva y subjetiva”; “Disposiciones comunes en los procedimientos orales civiles y familiares”.  

Así como “De la justicia civil”; “De la justicia familiar”; “De las acciones colectivas”; “De los recursos y juicio de responsabilidad”; “De la justicia digital”; “De la sentencia, vía de apremio y su ejecución”; “De la cooperación procesal internacional”; y “Del juicio arbitral”.  

Con ello, los senadores buscan garantizar el ejercicio de aquellas prácticas procesales que privilegien el debate y la calidad de la información, en condiciones de igualdad y respeto a los derechos humanos.  

La propuesta, enlistada en la Gaceta del Senado, busca cumplir con los términos constitucionales y con una sentencia de amparo que dieron origen a la obligación a cargo del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en esta materia, proceso que debe culminar antes del 30 de abril de 2022. 

Asimismo, la iniciativa establece un régimen transitorio que permita a los Poderes Judiciales de cada entidad federativa la implementación del nuevo Código en forma gradual. En un plazo máximo de ocho años, se necesitaría una declaratoria del Congreso de cada estado a petición del Poder Judicial local y, en su caso, el Federal, para incorporar a su régimen jurídico interior el Código Nacional.  

Los senadores de Morena propusieron que el Congreso de la Unión asigne los recursos públicos necesarios para que los Poderes Judiciales, Federal y Locales, cuenten con la infraestructura tecnológica, recursos humanos y capacitación necesaria para la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.  

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