Las violaciones a la salud reproductiva son sistemáticas, según el Informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida e Impunidad Cero
Preocupa la impunidad y discriminación contra las mujeres agudizado por el inoperante y desbordado sistema de salud
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de mayo, 2022.- En los hospitales de nuestro país mueren 2 mujeres al día por causas ligadas a su embarazo, 47 son esterilizadas sin su consentimiento, cerca de 200 son sometidas durante el parto a operaciones cesáreas injustificadas y diariamente mil 400 mujeres, en alguna sala de partos es maltratada y violentada.
Es decir, la salud reproductiva de las mexicanas está atravesada por una sistemática violación a sus derechos humanos, donde el personal de salud viola la ley cotidianamente y esa ley que podría prevenir y sancionar estos hechos, es inoperante y la impunidad es la regla.
Existen 5 distintas instituciones o mecanismos que reciben quejas o denuncias, desde los órganos internos y administrativos tratándose del sistema de salud oficial, hasta las comisiones de derechos humanos, nacional y de las 32 entidades del país, donde una mujer, por ejemplo, esterilizada sin su consentimiento pude esperar hasta 5 años para que se le escuche y no sabrá si llegará la justicia. Y las quejas se resuelven tras 2 años. La mayoría se desecha y la gente se cansa.
Estos son algunos datos y consideraciones contenidos en el informe de Impunidad Cero y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) llamado Justicia olvidada Violencia e Impunidad en la Salud Reproductiva, que examina lo que sucede con cerca de 2 millones de mujeres que cada año se embarazan, abortan que dan a luz un millón 600 mil niños o niñas; mujeres que en ese proceso de embarazo, parto y puerperio, arriesgan su vida, su dignidad y su integridad física y psicológica, sin acceder a buenos servicios ni a la justicia. Indígenas y pobres, son las que más sufren.
El estudio llama la atención al conocerse estos días en que se fijó al 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud Integral de las Mujeres y se inscribe en 3 décadas de investigación y seguimiento de la sociedad civil sobre las condiciones en que las mexicanas ejercen su capacidad reproductiva, años de creación de leyes y dispositivos, incluso penales, que revelan impunidad y ahora una punitividad populista, que no resuelve el problema estructural de México: la violación sistemática a los derechos humanos de toda la población.
En cambio el informe muestra que leyes contra violencia contra las mujeres, la obstétrica, en particular son letra muerta; desglosa que en la cama del hospital las parturientas reciben gritos y regaños, como la forma más común del este delito; y las mujeres encuestadas, entrevistadas, acompañadas , hacen evidentes los principales motivos de discriminación en México, donde una de cada tres mujeres al dar a luz ha sido víctima de maltratos, procedimientos incorrectos o falta de atención en el parto.
El informe sostiene que a la violencia obstétrica es parte sustantiva de la muerte materna que creció, en los dos años de la pandemia del Covid 19 hasta 72 por ciento. Impunidad Cero y Gire señalan claramente que la violencia obstétrica, es uno de los factores de la muerte materna que hasta 2018 había disminuido lentamente, pero aun antes de la pandemia repuntó. No obstante, sin lógica estadística, el último informe semanal epidemiológico de la Secretaría de Salud, al 23 de mayo de 2022, consultado por SemMéxico, asegura que se volvieron a las cifras de antes de la pandemia, 31 muertes por cada 100 mil embarazadas. E inopinadamente desaparece a la Ciudad de México, que durante 25 años ha tenido reportes de alta incidencia.
Lo que hace el informe de Impunidad Cero y Gire es ordenar la información disponible, documente su experiencia al acompañar los casos de queja y sobre violencia obstétrica y sus características informa que fueron solicitadas a través de transparencia.
Deja en claro que la discriminación contra las mujeres en razón de género y la impunidad por las violaciones a sus derechos humanos es un asunto estructural que subsiste en el Sistema de Salud y en otros ámbitos. En Salud la situación se agravó durante los últimos 2 años, no avanzó, aunque el Gobierno Federal declaró que la atención a la salud reproductiva sería prioritaria, lo que no pasó.
La esterilización una tortura
El 26 de mayo de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN resolvió el caso de Sonia, acompañado por GIRE. Concluyó que Sonia fue víctima de una esterilización no consentida como una forma de tortura, y fue víctima también de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Corte señaló que ni Sonia ni sus familiares dieron su
consentimiento libre, pleno e informado para que se le practicara una Oclusión Tubaria Bilateral y, por
ello, se vulneraron sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la libertad y la autonomía reproductivas, a determinar su proyecto de vida, a tener una vida libre de violencia y a recibir información relativa al acceso a los servicios de salud reproductiva.
Este caso constituye un precedente importante para el acceso a la justicia reproductiva, pues no solo ejemplifica la posibilidad de juzgar con perspectiva de género, sino la relevancia de buscar vías alternas para la defensa de los derechos reproductivos.
¿Qué resalta el informe?
Conceptualmente la muerte materna es la máxima manifestación de la violencia obstétrica, los maltratos y descuidos hospitalarios fue reportado por 37.4 por ciento de las mujeres gestantes quienes aseguraron sufrir al menos un tipo de agresión durante el parto.
Destaca que el retraso deliberado de la atención médica ocupa el segundo lugar entre las formas de violencia obstétrica más comunes en México con 34.4 por ciento de las menciones; algunas mujeres aseguraron que entre más pedían ayuda a causa del dolor mayor era el maltrato del personal de salud que incluso llegaba a prolongar la colocación de medicamentos para aminorar sus molestias.
Las mujeres entrevistadas también denunciaron otros actos de violencia que ponen en riesgo su salud reproductiva como son la esterilización sin consentimiento o la presión médica para aceptar métodos anticonceptivos que no van acorde a su plan de vida, así como la firma de papeles involuntariamente, hasta el 30.9 por ciento durante el parto, esto es de más de un millón 600 mil nacimientos al año, una operación aritmética da 47 casos diarios.
Los datos del informe revelan que Yucatán, Veracruz, Aguascalientes, Guerrero, Quintana Roo y Estado de México tienen un grado de impunidad crítico en los casos de violencia obstétrica, mientras que en otros 24 el nivel se mantiene alto, y sólo Campeche alcanza la puntuación más baja. Lo que pone en evidencia que la ley es letra muerta.
El reporte muestra que Guerrero ocupa el primer lugar en quejas por violencia obstétrica ante el Órgano Interno de Control de las Secretarías de Salud Estatales con 38 en un periodo de cinco años, pero Gire e Impunidad Cero, advierten que estas cifras tienen un importante su registro, y hay opacidad porque ese órgano no tiene un buen sistema de registro y puede haber y hay falta de denuncias.
Asegura el reporte que la mayoría de las quejas por muerte materna se archivaron por falta de elementos, mientras que en otras formas de maltrato solo 4.7 por ciento concluyeron en acciones para disciplinar al personal de salud responsable.
La mayoría de estos actos quedan impunes. Son numerosos los ejemplos y el Informe rescata casos emblemáticos, de los que son cotidianos.
Una mujer aislada de su bebé por más de cinco horas después del nacimiento, pone como ejemplo, firma voluntariamente, -entre comillas- papeles sobre el método anticonceptivo o esterilización impuestos, en la curva más alta del dolor, inconscientemente. A otras la anestesia les fue denegada; en la cama de parto, otra mujer refiere ofensas y dijo ser obligada a parir en posiciones incómodas; persiste la presión para aceptar un método anticonceptivo o la esterilización, como en los años 80 en que fueron esterilizadas 2 millones de mujeres, pobres, campesinas e indígenas.
La operación aritmética entre número de nacimientos y las denuncias referidas en el informe dan 47 esterilizaciones o imposición de algún método anticonceptivo al día; la operación cesárea, con frecuencia no necesaria, es del 48.2 por ciento de los nacimientos, esto es alrededor de 200 diarias.
La encuesta de Inegi de 2016, llamada ENDIREH incorporó por primera vez preguntas dirigidas a evaluar aspectos de la experiencia de las mujeres durante su último parto. De acuerdo con la encuesta, de 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México, 33.4 por ciento refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron.
En México, durante 2020, se contabilizaron un millón 629 211 nacimientos registrados en las oficinas del Registro Civil. La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad reproductiva fue de 47.9.
El reporte incluye datos como que al menos una tercera parte de las mujeres que parió, sufrió maltrato por parte del personal de salud y que en los últimos diez años, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Chiapas ocuparon los primeros lugares en muerte materna.
Violencia Obstétrica
Las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser tanto físicas como psicológicas. Las primeras incluyen prácticas que resultan invasivas, como las cesáreas —cuando se practican sin justificación—, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto. Entre las segundas se encuentran actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado.
Y es la ley la que no se cumple.
El informe sostiene que imponer cualquier método anticonceptivo, se realice esterilización o cualquier intervención quirúrgica que impida la concepción, sin justificación médica de emergencia o sin consentimiento expreso de la mujer o ante su imposibilidad que de este consentimiento quien esté facultado legalmente para otorgarlo, está previsto y con requisitos en la Ley General de Salud.
Hasta ahora 28 de las 32 entidades del país han incorporado definiciones de violencia obstétrica en sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Destaca el reporte que Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tabasco incluyeron de manera expresa la violencia obstétrica, pero advierte el estudio, que ello no implica que las autoridades de dichas entidades no tengan la obligación de atender las conductas que constituyen este tipo de violencia.
La violencia obstétrica es una forma específica de violencia institucional contra las mujeres. Pero se considera que una respuesta de Estado a este tipo de violencia
implicaría la transformación de las condiciones estructurales del sistema de salud en todos sus niveles, una visión feminista para tratar a las embarazadas, de otro modo será imposible zanjar el fenómeno de la violencia obstétrica y la muerte materna, sobre todo si se consideran los obstáculos a los que se enfrenta el personal de salud para realizar su trabajo en condiciones óptimas.
Ello y a pesar que en los códigos penales también han tipificado la violencia obstétrica como un delito e incluyen sanciones privativas de la libertad y multas para el personal de salud que incurra en estas prácticas. Los estados que han reformado sus códigos penales para tipificar la violencia obstétrica son Aguascalientes, en 2013; Chiapas, en 2014; Estado de México en 2016, Guerrero 2014, Quintana Roo, en2017, Yucatán en 2019 y Veracruz en 2010.
Proporcionar a las mujeres condiciones para la salud reproductiva es indispensable en todo Estado democrático y de derecho. En México resulta utópico en el 28 de mayo de 2022.
