Mujeres

Tres años de la AVG en Oaxaca: resultados desalentadores

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  • Se volvió un hecho mediático para el aparato de gobierno
  • La violencia feminicida no se combate y hay evidencia de que se ha agravado

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 30 de agosto, 2021.- A tres años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Oaxaca no hay resultados, no se han cumplido medidas ni políticas públicas para detener la violencia feminicida en 40 municipios de la entidad.

En esta historia repetida en los últimos tres años, GESMujer señala que ha existido falta de voluntad política para contar con un diagnóstico real de la problemática; hay ausencia de coordinación entre las instituciones responsables de la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias por razón degénero, y la impunidad como consecuencia de negligencias y omisiones ocasiona que niñas y mujeres sigan siendo violentadas.

Erika Lili Díaz Cruz quien fue integrante del grupo de trabajo que conformaron académicas e investigadoras de la UAM-Xochimilco, de la Universidad de la CDMX y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y otras instancias gubernamentales federales, señala que hasta hoy no hay resultados de lo que dictaba la declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación, como acción urgente, en agosto de 2018.

Otras observaciones importantes que destaca la especialista es la falta de perspectiva intercultural, racismo y clasismo en las acciones gubernamentales factores que violentan los derechos de las mujeres en una entidad como Oaxaca y que entonces fueron señalados, que no se han corregido y que siguen permeando en la actuación del funcionariado en cualquier espacio.

En aquel trabajo entregado a la SEGOB, tras la petición emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, las investigadoras señalaban “los puntos rojos, el riesgo de peligrosidad para las mujeres, la necesidad de implementar acciones nuevas, pero también lo ya conocido, la falta de diligencia del funcionariado oaxaqueño en todos los niveles del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

¿Qué pasó? No pasó nada, para las personas responsables de llevar a cabo estas acciones tras la declaratoria estos actos se convirtieron en “mediáticos” y en los hechos no se tradujeron en nada, así la alerta se quedó en el vacío, en un primer momento hubo seguimiento y expectativa, después nada, no cambió nada y la realidad es que la violencia de género contra las mujeres empeoró, afirma la entrevistada.

Para la directora de Luna del Sur la política pública del ejecutivo no cambió en absoluto y al mismo tiempo se ha vuelto penosa la posición que han asumido la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Poder Judicial, quienes han cometido una serie de aberraciones, instrumentalizando los derechos ganados de las mujeres, para favorecer a los agresores, como las “pensiones compensatorias” o “la pensión alimenticia”, figuras que surgieron para velar por los derechos de las mujeres y que ahora, las y los jueces, utilizan para favorecer a los hombres.

La práctica cotidiana como asesora jurídica, esta abogada con maestría en Género, considera que las agencias del Ministerio Público además de tener sobrecarga de trabajo, requieren de capacitación, “el problema es que les dan dos o tres cursos y ya se sienten especialistas”, no les interesa sobre-victimizar a las mujeres, no rompen sus pactos patriarcales y dan “un trato ojete y cabrón” a las defensoras jurídicas.

Y aunado a ello, sigue siendo deficiente el número de personas trabajando en las agencias en comparación con el número de carpetas de investigación, el resultado es lo que hoy tenemos, dice tajante. No conocemos ninguna petición de incremento de presupuesto por parte del gobernador Alejandro Murat, para la capacitación real y efectiva y una mayor contratación de mujeres para atender lo que hoy existe.

Y todo esto sucede, en tanto la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña no ha entendido su papel en esta tarea. Seguro dirá que ha hecho, pero ha hecho de forma insuficiente, los resultados existen, se cuentan todos los días, concluye Díaz Cruz.

Tres años de resultados desalentadores

El GESMujer señaló que si bien es cierto que la Alerta por violencia de género ha permitido visibiizar la gravedad del problema a nivel social, el Estado y sus instituciones siguen sin reconocer que existe una violencia feminicida, pues a tres años los resultados son desalentadores: 334 niñas y mujeres han sido víctimas de asesinatos violentos.

De acuerdo al Monitoreo de violencia feminicida del GESMujer, a partir de la Declaratoria de la Alerta, el 60 por ciento se concentra en tres regiones: Istmo con un 25 por ciento, le sigue Valles Centrales con un 20 y el Papaloapam con un 15.

Cuestiona los resultados obtenidos por los Consejos Municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 40 municipios, dado que el 57 por ciento de la violencia feminicida ocurrió en esas demarcaciones y el resto en 43 por ciento de los municipios sin alerta, “no hay una diferencia entre contar con el mecanismo, que carecer de él”.

Por otra parte, se refiere a la pandemia como un factor que agrava las condiciones de riesgo para las mujeres, por lo que retoma algunas de las medidas de seguridad definidas en el mecanismo de la AVG:

1) Fortalecer la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia. Que al igual que la directora de Luna del Sur, GESMujer considera que las instituciones no cuentan con personal capacitado en perspectiva de género, con una visión intercultural, personal sensible y especializado, que identifiquen claramente los casos de nivel de riesgo feminicida, y que apliquen adecuadamente los protocolos de atención para salvaguardar la vida de las mujeres .

2) La difusión del 911 para llamadas de emergencia. Los resultados, de acuerdo a la ciudadanía no son favorables, situación que hemos podido constatar, tanto a nivel urbano como dentro de los municipios, cuando lo solicitamos en apoyo a mujeres en situación de emergencia. Y hay que reconocer que a nivel municipal ha sido muy complicado por la falta de coordinación al interior de la propia policía, además de que no consideran graves los casos de violencia familiar.

3) La creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las 8 regiones del estado. Esta medida tampoco ha sido cumplida, lo que dificulta brindar alternativas que favorezcan la protección de la vida de las mujeres. Sabemos que se requiere infraestructura y recursos, pero ya transcurrieron tres años y no se vislumbran avances.

En ese sentido, cabe recordar que en Oaxaca de Juárez, que contaba con un refugio para mujeres, este se encuentra en “poder” de un ex diputado morenista, antes del PRD, Hugo Jarquín, que se apropió del inmueble y los gobiernos municipales, pasado y presente, no lo han recuperad, como denunció la ex regidora Bárbara García Chávez.

4) El mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas, a fin de focalizar políticas públicas de prevención. En tanto las organizaciones sociales tienen datos concretos sobre los municipios más peligrosos de Oaxaca, las instituciones crecen de analisis sobre esos datos.

En relación con las medidas de justicia y reparación, GESMujer señala que desde el movimiento feminista “cuestionamos los datos oficiales, nos preocupa la falta de capacidad en tipificar el delito de feminicidio o más grave aún, que exista un interés político en minimizar el problema”.

La organización recuerda que de forma consistente hay diferencias entre los registros de la sociedad civil y los de la Fiscalía General bajo el argumento de que se trata de asesinatos dolosos de mujeres, sin que medie, por principio  la aplicación de un protocolo acorde al delito de feminicidio, o bien, que por la presión social se inicien las carpetas de investigación como delito de feminicidio y posteriormente se reclasifiquen, a fin de que se ubique a Oaxaca como un estado seguro para las mujeres, pero la realidad es otra.

SEM/sj/sl

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